La Asamblea Nacional aprobó la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, que modifica la asignación presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La medida ha sido calificada por autoridades locales como un “golpe al corazón” de la acción social territorial, al reducir los márgenes de inversión en áreas sensibles como atención a grupos vulnerables, salud preventiva y programas comunitarios.
¿Qué cambia con la reforma al Cootad?
La reforma establece nuevas reglas sobre la distribución y destino de los recursos que reciben prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Según el Ejecutivo, el objetivo es optimizar el gasto y priorizar la eficiencia administrativa.
Sin embargo, varias autoridades locales advierten que los cambios limitarán la autonomía financiera y la capacidad de respuesta social de los GADs, especialmente en provincias con mayores índices de pobreza.
Desde distintos sectores se sostiene que esta modificación impactará directamente en:
- Programas sociales territoriales
- Atención a personas adultas mayores y grupos vulnerables
- Proyectos comunitarios de inclusión
- Inversión en desarrollo social local
Este debate se produce en un contexto político tenso, marcado por cuestionamientos sobre la concentración de decisiones fiscales en el Ejecutivo.
Reacciones desde los territorios
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, cuestionó públicamente la medida y advirtió que la reforma debilita la capacidad de los gobiernos locales para cumplir su rol constitucional en materia social.
Otros actores, entre ellos el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ha señalado a los asambleístas locales como centralistas que han votado en contra de la autonomía municipal.
En redes sociales y espacios radiales también se ha planteado que la medida representa un precedente de recentralización fiscal.
Impacto político y fiscal
Especialistas consultados sostienen que la reforma podría generar tres escenarios:
- Reducción efectiva del gasto social territorial.
- Mayor dependencia financiera del Ejecutivo.
- Conflictos competenciales entre niveles de gobierno.
En términos fiscales, el Ejecutivo defiende que la medida permitirá mayor control y trazabilidad del gasto. Sin embargo, las prefecturas y municipios advierten que las realidades locales no pueden gestionarse desde una lógica centralizada.
El debate de fondo no es únicamente presupuestario, sino político: ¿hasta dónde llega la autonomía territorial en un contexto de crisis económica?
Un debate que apenas comienza
Aunque la reforma ya fue aprobada, los gobiernos locales analizan mecanismos jurídicos y políticos para revertir o modular su aplicación.
El conflicto entre Ejecutivo y GADs abre un nuevo frente de tensión institucional que podría escalar en las próximas semanas, especialmente si se presentan acciones ante la Corte Constitucional.
La discusión sobre la descentralización en Ecuador vuelve así al centro del escenario nacional. FIN
