Quito, El Gobierno de Ecuador debe cumplir obligatoriamente y de forma inmediata con el dictamen de la Corte Constitucional (CC) y restablecer en funciones a la vicepresidenta, Verónica Abad, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el abogado David Antonio Norero.
«El Gobierno tiene la obligación de cumplir de manera inmediata con la sentencia de la CC, restituyendo a la vicepresidenta en sus funciones (…) las decisiones de la Corte son de cumplimiento obligatorio e inmediato», dijo Norero.
El Gobierno continuaba este miércoles sin pronunciarse sobre el dictamen de la CC respecto a la inconstitucionalidad del artículo fundamentado para inhabilitar a la vicepresidenta Abad por 150 días y sin derecho a sueldo, lo cual debería tener lugar de forma inmediata mediante la restitución de la funcionaria, según la opinión compartida por varios juristas en el país.
El viernes, la CC estableció que el artículo 2 del Acuerdo Ministerial mediante el cual fue penalizada Abad es «incompatible con el derecho al debido proceso en la garantía de ser juzgado por una autoridad competente».
Según el dictamen, se excluye la posibilidad de que los funcionarios de elección popular sean juzgados a través de un proceso sumario como el que se siguió contra la vicepresidenta por parte del Ministerio del Trabajo y su titular, la ministra Ivonne Núñez.
La causa de la sanción contra Abad fue por demorar su traslado desde Tel Aviv (Israel), donde cumplía funciones como «embajadora por la paz», hasta Ankara (Turquía), según le exigía una orden presidencial.
Sin embargo, en su defensa la funcionaria alegó que la legislación vigente le otorga 30 días para su movilización, al igual que lo hará frente a su nueva designación como colaboradora para las relaciones comerciales entre Ecuador y Turquía.
Norero, magíster en Derecho Constitucional y en Políticas Anticorrupción, aseveró que el cumplimiento del fallo de la CC debe ser inmediato.
«La sentencia de la Corte Constitucional tiene carácter vinculante y no admite dilaciones; cualquier retraso podría ser considerado como un incumplimiento y podría sancionar, incluso, con la destitución de los responsables o el inicio de procesos de acción de incumplimiento», explicó.
UN PRECEDENTE CLARO
Candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2021 por el Partido Sociedad Patriótica (centroderecha), Norero señaló que con esta determinación la CC establece un claro precedente sobre los límites de las actuaciones administrativas, en alusión al accionar de la ministra de Trabajo, quien impulsó la sanción en contra de la vicemandataria pese a que esta fue elegida en las elecciones anticipadas de 2023 en binomio con el actual presidente, Daniel Noboa.
«En la práctica (la decisión de la CC) significa que ninguna autoridad puede emitir actos normativos o administrativos que vulneren derechos fundamentales o excedan sus competencias. Además, (el dictamen) refuerza el principio de proporcionalidad obligando a la autoridad a justificar cualquier sanción en relación con la gravedad de la infracción», apuntó el especialista.
El abogado resaltó que la CC no sólo actúa como garante de la Constitución, sino que también fija límites claros del abuso del poder.
«Este precedente garantiza que futuras actuaciones administrativas se ajusten estrictamente a los principios constitucionales», anotó Norero.
En su opinión, la inacción del Gobierno tendría como consecuencia la destitución de las autoridades infractoras, por cuanto la causa podría ser remitida a la Fiscalía y con ello iniciar un proceso legal con su correspondiente sanción.
«La inacción del Gobierno frente a esta sentencia tendría graves consecuencias, porque la Corte Constitucional puede iniciar un control de ejecución y si detecta incumplimiento puede ordenar sanciones incluso a las autoridades con su destitución», dijo.
Según mencionó, el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal establece que el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente puede ser castigado con penas de entre uno y tres años de cárcel.
ABUSO DE PODER
Norero, en libre ejercicio y con experiencia en el sector público desde la Defensoría y el Ministerio del Interior, dijo que este caso refleja «un abuso de poder y una violación flagrante al Estado de derecho», porque la sanción fue inconstitucional al ignorar el debido proceso.
Por un lado se irrespetó el texto constitucional y por otro se violó el principio de proporcionalidad respecto a la sanción que se buscaba aplicar por una presunta infracción, explicó el abogado.
«O sea, debe existir una proporcionalidad respecto a la sanción que se quiera buscar contra cualquier tipo de funcionario», dijo.
Añadió que la ministra de Trabajo se excedió de sus competencias al interponer una sanción que no le corresponde legal ni constitucionalmente.
«Estas actuaciones debilitan el poder público como tal y la imagen incluso del presidente; obviamente, erosionan la confianza pública en las instituciones, vulneran los derechos fundamentales de una autoridad electa; se socava el principio del mandato popular, porque (Abad) fue elegida popularmente», dijo Norero.
«Genera incluso un precedente de arbitrariedad», advirtió.
Pese al fallo de la CC, y de la jueza Nubia Vera, quien ordenó la rehabilitación en su puesto y con todas las garantías, la vicepresidenta ecuatoriana no ha sido restituida en su cargo, ni ha podido ingresar a sus oficinas, actualmente militarizadas.
Al iniciar la campaña electoral, el pasado 5 de enero, se esperaba que Noboa cediera a Abad la presidencia durante su ausencia temporal para participar en actividades proselitistas para buscar su reelección, pero ello no ocurrió.
Abad señala una persecución en su contra por parte del mandatario y de su equipo, para evitar su ascenso a la presidencia en este periodo, y calificó la decisión de Noboa de «golpe de Estado».
Por el contrario, Noboa ya ha delegado la presidencia por dos ocasiones a una funcionaria de su Gobierno, Cynthia Gellibert, a quien designó en el cargo de «vicepresidenta constitucional», también mediante decreto ejecutivo, hasta este miércoles o hasta que Abad viaje a Turquía a ocupar sus nuevas funciones.
La vicepresidenta presentó la semana pasada una «acción pública de inconstitucionalidad» contra el más reciente decreto firmado por Noboa, con el cual encargó la presidencia por segunda vez ignorando la carta magna y la normativa electoral vigente.
En tanto, el Gobierno ha solicitado el lunes una audiencia a la CC, pero solo para aclarar por qué delegó la presidencia a Gellibert desde el jueves 9 de enero al domingo 12 de enero de 2025.
Ecuador celebrará sus elecciones nacionales el 9 de febrero.
Con información de Agencia Sputnik
