Quito, El Gobierno de Ecuadorinformó el lunes que el proyecto para construir una cárcel de máxima seguridad en la localidad amazónica de Archidona será ejecutado en una municipalidad de la provincia de Santa Elena (occidente), con lo cual espera que bajen las tensiones tras casi 15 días de protestas de grupos indígenas.
«El proyecto de tener una cárcel de máxima seguridad -y no una «megacárcel»- inicialmente priorizado para el desarrollo económico y la seguridad en el cantón Archidona, donde ya existe una cárcel, será ejecutado en un nuevo punto estratégico que se definirá en coordinación con las autoridades locales del cantón Salinas», informó el Ministerio de Gobierno en un comunicado .
El anuncio llega tras varios días de protestas y luego de denuncias de las comunidades indígenas y campesinas de Archidona de que dicho proyecto no fue socializado con los habitantes de la zona, con lo cual se violan los derechos a una consulta previa, libre e informada, según las leyes vigentes.
Según la nota, la administración del presidente Daniel Noboa aceptó la invitación del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Salinas para la implementación de un proyecto de infraestructura penitenciaria de seguridad y cuenta con el espacio físico para ello.
Por otra parte, el Gobierno informó que la prisión existente en Archidona, de mínima seguridad, será repotenciada en la medida de sus capacidades.
Actualmente se construye una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena, donde las comunidades de Bajada de Chanduy, al igual que los habitantes de Archidona expresaron la semana pasada su rechazo a esta iniciativa gubernamental.
Tanto las Comunidades de Bajada de Chanduy como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas emitieron el pasado día 14 de diciembre un «Manifiesto de rechazo y alerta ante la imposición arbitraria de cárceles de máxima seguridad en territorios ancestrales».
«Estas imposiciones profundizan la discriminación estructural y perpetúan la exclusión de nuestras comunidades en la toma de decisiones que afectan directamente nuestras vidas. ¿Cómo puede un gobierno que dice defender la paz y la justicia construir su política carcelaria sobre la base de la violencia institucional y la violación de derechos?», cuestionaron las organizaciones.
En el texto se llama a la comunidad nacional e internacional y a organismos de derechos humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a pueblos y movimientos sociales del mundo, a condenar la decisión del gobierno de Noboa.
También la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) aprobó un exhorto el miércoles pasado con el cual instó al presidente Noboa a suspender de forma inmediata el proyecto de construir una cárcel en Archidona, «en cumplimiento de los derechos constitucionales y de los tratados internacionales ratificados por Ecuador».
El pasado 3 de diciembre comenzaron las manifestaciones en ese enclave amazónico, con la quema de llantas y bloqueo de vías por parte de sus residentes, quienes alegaron la violación de sus derechos a un consulta libre, previa e informada antes de la concesión de proyectos de esta índole.
Además, expresaron sus temores por la eventual afectación de esta obra al turismo, principal actividad económica de la zona, y porque la nueva cárcel atrajera un foco de violencia, debido a la presumible presencia de grupos delictivos asociados al sistema carcelario.
Con información de Agencia Sputnik
