Caso Triple A entra en su fase decisiva: Fiscalía busca la condena de Aquiles Álvarez y el cierre definitivo de seis empresas
El caso Triple A llegó a uno de sus momentos más críticos. En sus alegatos finales, la Fiscalía General del Estado solicitó al tribunal que declare culpable al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otros procesados por el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Además de la pena máxima prevista en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Ministerio Público pidió la clausura y disolución de seis empresas, al sostener que habrían sido utilizadas para desviar combustibles subsidiados hacia mercados no autorizados.
La solicitud representa uno de los pedidos más severos dentro de un proceso judicial que ha mantenido un alto impacto político y económico. Si el tribunal acoge la tesis de la Fiscalía, las consecuencias alcanzarían tanto a los acusados como a las compañías vinculadas al supuesto esquema de comercialización irregular.
Fiscalía sostiene que existió una red para desviar diésel subsidiado
Durante su intervención, la fiscal Ruth Amoroso afirmó que las pruebas presentadas durante el juicio demostrarían la existencia de una estructura organizada para gestionar, coordinar y aprovechar económicamente la venta de combustibles subsidiados fuera de los segmentos autorizados.
Según la acusación, los procesados conocían las restricciones establecidas para la distribución de hidrocarburos destinados a los sectores automotriz, industrial y naviero. Pese a ello, sostiene la Fiscalía, habrían desviado el producto hacia actividades distintas a las permitidas, obteniendo beneficios económicos a partir de un subsidio creado para favorecer a la población ecuatoriana.
El Ministerio Público argumentó que estas actuaciones configuran el dolo, al considerar que las operaciones fueron ejecutadas de forma consciente y coordinada por quienes integraban la cadena de comercialización.
Aquiles Álvarez y otros seis procesados enfrentan pedido de pena máxima
La Fiscalía solicitó que el tribunal declare la culpabilidad, en calidad de autores directos, de:
- Aquiles David Álvarez Enríquez
- Raúl Arnoldo Zambrano Orellana
- Juan Dionisio Araujo Saldarriaga
- Fausto Vinicio Baca Gonzaga
- Edgar Moisés Flores Torres
- Rosa Marbella Ortiz González
- Edgar Edmundo Campoverde Abril
La acusación se fundamenta en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la comercialización ilegal de hidrocarburos. La Fiscalía considera que las evidencias recopiladas durante el juicio respaldan la imposición de la pena máxima prevista para este delito.
Fiscalía también pide cerrar y disolver seis empresas
Además de las condenas para las personas naturales, el Ministerio Público solicitó la responsabilidad penal de las empresas Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harzahudi.
Como parte de la sanción, pidió la clausura definitiva y disolución de estas compañías, al sostener que habrían servido para ejecutar las operaciones investigadas.
La Fiscalía también requirió multas económicas. Para los procesados individuales solicitó una sanción equivalente a 12 salarios básicos unificados, mientras que para cada empresa pidió una multa de 1.000 salarios básicos unificados.
Adicionalmente, solicitó una pena reducida para uno de los procesados que colaboró con la investigación mediante su testimonio, al considerar que esa información fortaleció la teoría del caso presentada durante el juicio.
El tribunal deberá definir uno de los fallos más esperados del año
Concluidos los alegatos finales de la Fiscalía, el proceso entra en la etapa decisiva antes del fallo del tribunal. La resolución no solo definirá la situación jurídica del alcalde de Guayaquil, sino que también marcará un precedente sobre el control estatal del comercio de combustibles subsidiados y el uso de personas jurídicas en delitos relacionados con sectores estratégicos.
La defensa de los procesados mantiene su posición de rechazo a las acusaciones y será el tribunal el que determine, tras valorar las pruebas y argumentos presentados por las partes, si existe responsabilidad penal en el denominado caso Triple A.
Fuente: Diario Expreso
