Quito, 28 de enero de 2026. — En una nueva escalada de tensión política y judicial en Ecuador, la Fiscalía General del Estado ejecutó este miércoles operativos de allanamiento en los domicilios de varios dirigentes de la Revolución Ciudadana, entre ellos la excandidata presidencial Luisa González, así como el asambleísta Patricio Chávez, el excandidato presidencial Andrés Arauz y la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur.
Los allanamientos se ordenaron en el marco del denominado “caso Caja Chica”, una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y financiamiento electoral ilícito. Según el comunicado oficial de la Fiscalía, los operativos se realizaron en simultáneo en varios inmuebles ubicados en las provincias de Pichincha y Guayas con el objetivo de recabar indicios documentales, tecnológicos y financieros para la investigación, que aún se encuentra en fase previa.
Sin embargo, el Ministerio Público no ha revelado cargos formales ni ha detallado imputaciones específicas contra los líderes correístas alcanzados por las diligencias. Tampoco se han reportado detenciones hasta el momento.
La acción judicial ha desatado una fuerte reacción política. El expresidente Rafael Correa (2007-2017) denunció en X que los allanamientos representan una persecución política sin precedentes, comparándolos con prácticas propias de “las peores dictaduras”. Correa cuestionó que la investigación se base en una denuncia en reserva de identidad —presentada en noviembre pasado y cuyo contenido, según él, no ha sido conocido por los investigados— y afirmó que se trata de una maniobra para perseguir al correísmo tras el fracaso de otras acusaciones, como la vinculada al supuesto “Cartel de los Soles”.
“¡YA BASTA! En lugar de luchar contra el narcotráfico, este miserable Gobierno solo sabe perseguir”, afirmó Correa, en un tono que aviva el debate sobre la independencia de las instituciones de justicia y su posible instrumentalización con fines políticos.
Desde el movimiento Revolución Ciudadana, la prefecta de Pichincha Paola Pabón también calificó las diligencias como persecución judicial y afirmó que el país exige que el Gobierno enfrente la violencia y el crimen organizado, en lugar de “priorizar su agenda política” atacando a opositores.
Este episodio se suma a un contexto de creciente polarización política en Ecuador, en vísperas de nuevos procesos electorales y en medio de disputas sobre el manejo de las cuentas de campaña de figuras del correísmo ante organismos como el Consejo Nacional Electoral. Fin
