Hace casi un año, Participación pidió las ternas par
La tarea de completar las ternas para renovar el actual Consejo de la Judicatura (CJ) se ha vuelto casi imposible.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidió hace casi un año, el 22 de mayo de 2024, solicitar a las cinco entidades del Estado sus nominados para seleccionar a los nuevos vocales, como lo establece la Constitución.
En el artículo 179, la Carta Magna dispone que el CJ lo integrarán cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos por ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Fiscalía, Defensoría Pública, Función Ejecutiva y la Asamblea.
Los nombres debían enviarse, pero el proceso se ha truncado en varias ocasiones. Hubo pugnas internas en el mismo Consejo de Participación, consultas de la Corte y ahora el desinterés del Ejecutivo para remitir a sus designados.
Falta de una terna paraliza el proceso Todas las entidades han enviado los nombres y expedientes, excepto el Ejecutivo. Hasta la tarde del 29 de abril, solo los tres espacios que corresponden a la terna de la Presidencia de la República estaban vacíos en el apartado del proceso de selección de autoridades del portal oficial del CPCCS, el cual requiere de 15 postulantes para arrancar.
La situación abona a la crisis de institucionalidad que existe en la Judicatura. Tras la renuncia de Merck Benavides, ahora el CJ labora con tres de sus cinco integrantes: Mario Godoy, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui.
Allí se ha desatado un conflicto entre Goyes y el presidente Godoy, el cual no permite avanzar en procesos como la designación de los nuevos jueces de Garantías Constitucionales y ha estancado el concurso de renovación de los magistrados de la Corte.
Los incidentes mostrarían que el trámite no sirve. Para Jorge Moreno, exvocal de la Judicatura, la falta de sanciones por incumplir con el envío de las ternas y los plazos da vía libre a que las autoridades no cumplan con su obligación para permitir que el organismo funcione.
“Ni en el Código Orgánico de la Función Judicial ni en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana encontramos sanción alguna referente a la petición de ternas.
Entonces, eso imposibilita que el CPCCS pueda designar a las personas mejor puntuadas”, explica.
“Dejan en evidencia que el sistema de designación de autoridades no funciona, no penaliza incumplimientos y genera inestabilidad en las instituciones.
¿Cómo es posible que sigamos con autoridades prorrogadas no solo en el CJ sino en otras entidades”, cuestiona Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Con información de Expreso
