Quito, Ecuador valora solicitar a México la revocatoria del asilo diplomático otorgado a Walter Solís, exfuncionario durante el gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2017) y vinculado en un nuevo caso de presunto peculado donde es investigado también el exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018).
«Vamos a presentar, por las vías diplomáticas pertinentes, la petición al gobierno de México para que revoque el refugio ilegal que se concedió», dijo el ministro de Gobierno, José De la Gasca.
Solís, quien recibió la protección del gobierno mexicano, enfrenta dos procesos judiciales en Ecuador, uno por el Caso Sobornos 2012-2016, por una presunta irregularidad en el financiamiento de su agrupación política (fundada por Correa), y otro por presunto peculado durante sus funciones al frente de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua).
Más recientemente, el exfuncionario ecuatoriano, quien ocupó varios cargos de 2010 a 2016, fue vinculado al caso Reconstrucción de la Provincia de Manabí (noroeste) tras el terremoto que asoló la costa ecuatoriana en 2016.
Hace varias semanas, Solís habría sido detenido por la Interpol en México, con fines de extradición, por lo cual la Corte Nacional de Justicia solicitó al gobierno del país norteamericano permitir su repatriación al Ecuador.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre este caso y dijo que el exfuncionario no podría ser devuelto al Ecuador porque cuenta con el asilo concedido por ese país.
«Se hizo la detención, pero de inmediato hubo la comunicación entre las instituciones para decir no, no puede ser ni extraditado ni llevado a Ecuador porque tiene el estatus de refugiado», señaló Sheinbaum.
Ecuador y México rompieron relaciones diplomáticas en abril de este año, luego que el presidente Daniel Noboa diera la orden de irrumpir en la embajada mexicana en Quito para detener a Glas, quien posteriormente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad «La Roca» mientras espera por un nuevo proceso judicial por el caso «Reconstrucción de Manabí.
Este suceso motivó una demanda del entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra Ecuador ante la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya, lo cual el gobierno ecuatoriano respondió con una contrademanda ante esa misma instancia, en marcha actualmente.
Con información de Agencia Sputnik
