El presidente Daniel Noboa anunció este martes la convocatoria oficial a una consulta popular con siete preguntas que implican cambios estructurales en el modelo político, laboral y democrático del país. Aunque el discurso oficial habla de “modernización del Estado” y “lucha contra la desnutrición infantil”, diversos sectores cuestionan si el verdadero objetivo es fortalecer su proyecto político y concentrar más poder en el Ejecutivo.
Las preguntas abarcan temas sensibles: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), el trabajo por horas, el retorno de los casinos, la autorización de bases militares extranjeras en territorio nacional, la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, el juicio político a jueces constitucionales y la reducción del número de asambleístas.
Estas son las 7 preguntas planteadas:
- Bases militares extranjeras: ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones militares foráneas en Ecuador, permitiendo además la cesión de bases nacionales?
- Financiamiento a partidos: ¿Está usted de acuerdo con eliminar la obligación estatal de financiar a las organizaciones políticas?
- Eliminación del CPCCS: ¿Está usted de acuerdo con eliminar el CPCCS y repartir sus funciones entre la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría?
- Reducción de asambleístas: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y cambiar el sistema de elección?
- Trabajo por horas: ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación por horas en el sector turístico, exclusivamente para la primera relación laboral?
- Juicio político a jueces: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos de juicio político?
- Retorno de casinos: ¿Está usted de acuerdo con permitir casinos en hoteles cinco estrellas, con una contribución del 25% destinada a programas contra la desnutrición?
¿Demanda ciudadana o estrategia política?
Pese a que algunos temas —como el combate a la desnutrición o la eficiencia legislativa— tienen cierto respaldo social, ninguna de estas propuestas proviene de una demanda ciudadana estructurada o una consulta previa al pueblo. Todo el proceso ha sido impulsado desde el Ejecutivo, y algunos analistas sostienen que se trata de una estrategia para desplazar contrapesos institucionales, limitar la fiscalización, y avanzar en una agenda neoliberal que incluye reformas laborales y la reapertura del país al capital extranjero.
Incluso, se ha cuestionado que el propio presidente esté combinando reformas constitucionales con medidas populares, como la supuesta lucha contra la desnutrición o el uso de fondos para escuelas, con el fin de asegurar un “sí” generalizado.
La fecha de la consulta será definida por el CNE, pero desde ya se anticipa que la campaña será polarizada, con sectores que verán en este proceso un intento de modernización, y otros que lo entenderán como una jugada para consolidar poder personal en un año preelectoral.
FIN
