Ecuador cuenta con un número considerable de normas en favor de las mujeres, que representan el 51,23 por ciento de la población, pero siguen siendo víctimas de violencia frente a un Estado que falla en protegerlas, señaló, en diálogo con la Agencia Sputnik, la coordinadora de litigio de Surkuna, Ana Vera.
«Tenemos una Constitución de avanzada que reconoce a la violencia basada en género como una violación del derecho a la integridad de las mujeres; sin embargo, el marco legal es insuficiente, porque no se implementa de manera adecuada (…) La eficacia del Estado para implementarlas es muy baja», aseveró Vera.
La lidereza social añadió que lo mismo sucede con la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género (2018).
Coordinadora de litigio de Surkuna, Ana Vera.
Desde el 1 de enero al 15 de noviembre de 2025, se registraron 349 feminicidios en el país, según estadísticas difundidas por la Fundación ALDEA, una organización de la sociedad civil promotora de derechos, con sede en Quito, que lleva un registro paralelo al del Estado.
Los datos, difundidos desde la red social X, señalan que Ecuador reporta 2.331 casos de feminicidios desde 2014.
«Realmente vemos (estos datos) con una gran preocupación, porque el feminicidio es la máxima forma de violencia contra la mujer. Además, estas muertes de mujeres lo que tienen de particular es que el Estado no las ha protegido y (por ello) tiene complicidad con estos hechos», afirmó.
LA VIOLENCIA SE NATURALIZA
Según la Fundación ALDEA, una mujer o una niña mueren cada 22 horas y del total registrado en lo que va de año, 17 de las víctimas reportaron antecedentes de violencia; otras cuatro solicitaron una boleta de auxilio para protegerse de su victimario y siete sufrieron abuso sexual.
Entre las mujeres que perdieron la vida por cuestión de género en lo que va del año, 112 hechos violentos se produjeron en espacios íntimos por parte de sus parejas o exparejas, y 224 femicidios en sistemas criminales; además de 13 transfeminicidios, de estos últimos 40 eran niñas o adolescentes.
«Adicionalmente a esto, tenemos la estadística que nos dice que aproximadamente 11 violaciones se denuncian diariamente en Ecuador y menos del 2 por ciento de las mismas tienen una respuesta sancionatoria», anotó Vera.
Para la activista, esta situación evidencia que el Estado no trabaja en políticas de cambios de patrones.
«La violencia se naturaliza, es parte del cotidiano, es vista como normal e incluso como legítima, en muchos aspectos y en muchos lugares», anotó.
Asimismo, dijo que la situación se ha recrudecido ante el ambiente de violencia que existe en el país debido al accionar de los grupos de delincuencia organizada como de las fuerzas represivas del Estado, un contexto que hace que las mujeres queden en «total indefensión».
SURKUNA CONTRA LAS VIOLENCIAS
Surkuna se creó en respuesta a la «criminalización» de las mujeres por el aborto y frente a la demanda del movimiento feminista de contar con una organización legal para propiciar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas en Ecuador, recordó Vera.
«En Ecuador el aborto, por ejemplo, sigue siendo un delito, las mujeres y niñas son penalizadas por decidir sobre su cuerpo y su vida y eso también es violencia institucional», aseveró.
Sobre este tema, que divide a la sociedad ecuatoriana, destacó que los obstáculos al acceso a esta práctica sin condiciones constituyen igualmente en un tipo de violencia ejercida desde el Estado.
«Justamente afecta a las niñas, a las mujeres más empobrecidas y a las personas gestantes, porque son ellas quienes menos acceso tienen al aborto», aseveró.
En Ecuador, las mujeres pueden acceder al aborto cuando existe peligro para su vida y cuando es producto de una violación.
Este año, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador interpuso una demanda ante la Corte Constitucional para que dé paso al aborto total, el segundo recurso presentado luego que en 2021 esta instancia diera paso al aborto en casos de violación, con la cláusula de que se podrá practicar solo hasta las 12 semanas de gestación.
Según estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas para Ecuador, en este país cada día cinco niñas entre 10 y 14 años, y 95 adolescentes entre 15 y 19 años se convierten en madres, lo cual muestra la problemática en el acceso a este derecho.
La activista propone, entre otras medidas de protección y además de la educación, potenciar las debilitadas «Casas de acogida», que reciben a las mujeres en busca de auxilio para protegerse o lograr salir de estos círculos de violencia.
«Hemos visto cómo el Estado de manera frecuente ha desfinanciado las casas de acogida, disminuido los sistemas de gestión, quitado personal que es fundamental, mientras obliga a vivir en la precariedad», apuntó.
Por último, Vera enfatizó en la necesidad en que los niños y niñas, adolescentes, accedan a la educación sexual; mientras a las mujeres adultas se les eduque en cómo detectar y actuar frente a la violencia para comenzar a desnaturalizar estas problemáticas que impiden el desarrollo pleno de la vida.
