La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador aprobó este sábado una ley para combatir las economías criminales que tipifica el delito de pertenencia a un grupo delincuencial y lo sanciona con una pena de 22 a 26 años de cárcel, a la vez que contempla incentivos económicos para quienes realicen donaciones a la fuerza pública para combatir las economías criminales, entre otras disposiciones.
La iniciativa, denominada inicialmente proyecto de «Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno» y posteriormente renombrada «Ley Orgánica de Solidaridad Nacional», recibió el respaldo de 84 legisladores, en tanto 46 se manifestaron en contra, 1 votó en blanco y 10 se abstuvieron.
«Ecuador clama seguridad y tampoco es novedad que los ciudadanos ecuatorianos claman mano dura contra el crimen organizado, pero aquí nadie quiere negociaciones por debajo de la mesa con las mafias. Aquí lo que buscamos es una respuesta contundente por parte de nuestras fuerzas del orden contra los grupos narcoterroristas que nos están arrebatando la paz diariamente en nuestros barrios», afirmó Valentina Centeno, ponente del proyecto y jefa de la bancada oficialista «ADN».
El texto aprobado también tipifica el delito en caso de un implicado en un rol de dirección o de financiamiento de estructuras criminales, lo cual se propone sancionar hasta con 30 años de prisión.
El documento incluye un capítulo sobre las medidas de protección y reparación integral para las personas en situación de vulnerabilidad en las zonas afectadas por el crimen organizado, a la vez que dispone a varios ministerios desarrollar programas preferenciales para estas personas, con apoyo igualmente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Además, establece que, «bajo el conflicto armado no internacional las fuerzas del orden pueden actuar y aplicar el uso de la fuerza directa y legítimamente contra todo aquel que pretenda vulnerar la seguridad del Estado, de la población y de los bienes civiles», según Centeno.
También se disponen garantías a los uniformados implicados en un proceso judicial por hechos ocurridos durante el cumplimiento de su misión, quienes estarán exentos de ir a prisión preventiva, y, por el contrario, podrán continuar su trabajo mientras son investigados.
El texto tipifica los delitos conexos relacionados con el crimen organizado como la trata de personas, el reclutamiento de niñas niños o adolescentes; tráfico de armas, tenencia y porte no autorizado, así como los delitos hidrocarburíferos, definidos como todo acto ilícito que implique la producción en la comercialización de hidrocarburos y de sus derivados.
«La lógica es que debe entenderse que estos delitos no se cometen por un individuo aislado; se cometen bajo una estructura muchas veces armada», anotó la legisladora Centeno.
La propuesta también contempla incentivos para quienes entreguen donaciones a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado hasta con un 30 por ciento de su respectivo Impuesto a la Renta.
Además, plantea la creación y formación de jueces especializados en conflicto armado interno, a cargo del Consejo de la Judicatura, que tendrá 90 días desde la entrada en vigencia de la ley. De igual modo, la Fiscalía General del Estado deberá proceder en similares términos para la creación y formación de jueces especializados en esta área.
Esta es la primera legislación con carácter urgente en materia económica debatida y aprobada en la actual Legislatura que inició funciones el pasado 14 de mayo, tras las elecciones generales celebradas este año.
La Asamblea Nacional remitirá al Ejecutivo la legislación para que haga las observaciones del caso o envíe al Registro Oficial para su publicación e inmediata aplicación en todo el territorio ecuatoriano.
Con esta ley se pretende combatir las economías de los grupos criminales que operan en el país en medio de una ola de violencia que ubica a Ecuador como el país más violento de la región. (Sputnik)
