La adquisición de equipamiento para la seguridad y defensa es un asunto de vital importancia en cualquier país excepto en Ecuador, donde el Gobierno de Daniel Noboa debe responder sobre la adquisición de chalecos antibalas y municiones defectuosas para la Fuerza Pública.
La revelación hecha por el diario La Posta, a partir de documentos filtrados sobre la compra de equipamiento militar por parte del Gobierno, pone al país en alarma.
Los documentos filtrados apuntan que se ha puesto en riesgo la vida de los miembros de la Fuerza Pública ecuatoriana y se ha incurrido en una práctica corrupta.
¿Qué consecuencias tendrá este escándalo?
34 millones de dólares en juego
La Posta ha revelado que se gastaron 34 millones de dólares en un contrato reservado con una empresa sueca, calificada como “trucha” y sancionada.
El medio ha presentado un informe del Ejército ecuatoriano que califica los chalecos antibalas como «de cartón», ineficaces para proteger a los militares que enfrentan a los grupos delictivos organizados (GDOs).
El 80% de estos militares, según La Posta, utiliza chalecos de nivel 2, comparables a los de seguridad privada. ¿Qué responsabilidades se derivan de esta preocupante situación? ¿Quién responde por la posible negligencia y el riesgo a la integridad física de los uniformados?
Una veterinaria a cargo ¿Negligencia o corrupción de Noboa?
En el ojo del huracán se encuentra Sara Valencia, una veterinaria según su Registro Único de Contribuyentes (RUC), quien participó en el proceso de compra por parte del Gobierno de Noboa.
Su falta de experiencia en temas de seguridad y defensa genera interrogantes sobre la transparencia y el profesionalismo en el proceso de adquisición del equipamiento
¿Cómo una persona sin formación en el área pudo desempeñar un rol tan crucial en una compra de esta magnitud? ¿Se priorizó la experiencia o la cercanía política en la selección de los funcionarios involucrados?
Estas son preguntas cruciales que exigen respuestas inmediatas de parte del Ejecutivo de Daniel Noboa.
¿Falta de rigor o encubrimiento?
Un informe sobre las pruebas realizadas a los cascos y chalecos señala que «no se consideraron parámetros técnicos adecuados para realizar un análisis» y que no fue posible verificar el nivel de blindaje.
Esta falta de rigor en la evaluación del material adquirido es preocupante y sugiere posibles irregularidades.
¿Se trató de una falta de profesionalismo o de un intento deliberado de ocultar información comprometedora? ¿Qué acciones tomarán las autoridades competentes para esclarecer esta situación?
