En una reciente rueda de prensa, la dirigencia de la Revolución Ciudadana (RC) calificó la situación política actual de Ecuador como una «dictadura institucionalizada» tras la suspensión de su personería jurídica por nueve meses. Gabriela Rivadeneira, presidenta electa del movimiento, afirmó que esta medida es un «atraco a la democracia» orquestado para eliminar al principal contendiente electoral de Daniel Noboa.
Argumentos legales: Una «aberración jurídica»
El equipo legal de la RC, liderado por los abogados Gabriel Rivera y Diego Guarderas, detalló lo que consideran graves irregularidades en el proceso ejecutado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE):
Entidad no investigada: Rivera señaló que la boleta de la Fiscalía General del Estado investiga a personas naturales (como Rafael Correa, Luisa González y Andrés Arauz), pero en ninguna parte figura el movimiento RC como organización bajo investigación.
Discrepancia de delitos: Mientras la Fiscalía investiga presunta «delincuencia organizada», el juez Joaquín Viteri suspendió al movimiento basándose en el delito de «lavado de activos», el cual no consta en la boleta original de notificación.
Falta de competencia: Según el Código de la Democracia, la petición de suspensión debe ser firmada por el Fiscal General del Estado. Sin embargo, la defensa denunció que el oficio fue suscrito por una delegada, careciendo de la firma del titular, lo que invalidaría el procedimiento.
Impedimento legal: El abogado Guarderas explicó que, según el artículo 49 del COIP, las personas jurídicas no pueden ser investigadas por delincuencia organizada, solo personas naturales, lo que hace la proscripción del partido legalmente inviable.
Persecución y estrategia electoral
Luisa González, excandidata presidencial, denunció que esta acción busca que la RC no pueda inscribir candidaturas para los próximos comicios. González vinculó la medida con el caso «Caja Chica», el cual calificó como una «burda persecución política» basada en testimonios falsos. Además, lamentó que el aparato de justicia se enfoque en la persecución mientras el país sufre una crisis de inseguridad y falta de medicinas.
Acciones inmediatas
La dirigencia anunció que ya se han interpuesto peticiones ante la judicatura y la Fiscalía para revocar los impulsos fiscales. A nivel externo, elevarán denuncias ante la CIDH, Naciones Unidas y la COPAL.
«La RC va a participar en las próximas elecciones… esto se va a caer por su propio peso porque no hay justificativo legal», sentenció Rivadeneira, asegurando que el movimiento se mantiene en pie a pesar de lo que consideran un intento de proscripción política.
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