La deuda de 536 millones de dólares del Gobierno de Daniel Noboa con las administraciones provinciales pone en jaque la prestación de servicios básicos en todo el país, denunció este jueves la prefecto de la provincia de Pichincha, Paola Pabón.
En una entrevista concedida a Oromartv, Pabón afirmó la cifra adeudada por el Gobierno central representa un serio obstáculo para el cumplimiento de sus funciones.
Esta deuda se acumula desde noviembre de 2023, perjudicando gravemente la capacidad de respuesta de las prefecturas ante las necesidades de sus ciudadanos.
Equidad Territorial: 160 millones en juego
Dentro de la deuda total, 160 millones de dólares corresponden al incumplimiento del pago del Modelo de Equidad Territorial, un sistema de suma importancia para la distribución de recursos entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Este retraso en los pagos afecta a todas las prefecturas, pero particularmente a cuatro de ellas que no han recibido los recursos correspondientes desde el mes de noviembre.
Diciembre, enero y parte de febrero también se encuentran pendientes de pago, agravando la precaria situación financiera.
La deuda pone en riesgo los servicios
La falta de recursos económicos pone en riesgo la prestación de servicios básicos en las provincias. Obras públicas, mantenimiento de carreteras, programas sociales y atención a emergencias se ven directamente afectados.
La situación se vuelve especialmente crítica en el contexto de una emergencia nacional, donde la capacidad de respuesta de las prefecturas se ve severamente limitada.
Pabón realizó un llamado urgente al Gobierno central, exigiendo el pago inmediato de la deuda, especialmente la correspondiente al Modelo de Equidad Territorial.
La falta de recursos compromete la estabilidad y el funcionamiento de las administraciones provinciales, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
El futuro incierto
La deuda por parte del Gobierno central genera una incertidumbre considerable sobre el futuro de las provincias.
La situación requiere una respuesta inmediata y una solución a largo plazo que garantice la estabilidad financiera de las prefecturas y la correcta prestación de servicios a la población.
Hasta el momento de la redacción de esta nota informativa, el Gobierno de Noboa aún no se ha pronunciado al respecto, lo cual aumenta la preocupación y la presión sobre las autoridades para que se tomen medidas urgentes para resolver este grave problema.
