La candidata Luisa González, de la Revolución Ciudadana, criticó públicamente este sábado a la fiscal general, Diana Salazar, por un supuesto accionar parcializado en contra de su movimiento, coincidiendo con el ascenso en las encuestas de intención de voto.
El centro de la polémica se sitúa en la investigación contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por una presunta venta irregular de combustibles subsidiados a través de la empresa Copedesa.
La denuncia inicial provino del gobierno de Daniel Noboa, quien busca reelegirse en la segunda vuelta, donde se medirá con Luisa González.
La candidata presidencial afirma que la Fiscalía, bajo la dirección de Salazar, se centra en Álvarez debido a su afiliación política a Revolución Ciudadana y por presiones directas de Noboa.
Mientras, de acuerdo con González, la fiscal general ignora las verdaderas irregularidades que involucran a PetroNoboa, propiedad del grupo empresarial del que hace parte el aspirante a la reelección.
¿Para cuándo el caso PetroNoboa?
En un mensaje publicado en X (antes Twitter), González expresó su indignación: “Cuando las encuestas te dicen que vamos arriba INMEDIATAMENTE Diana Salazar entra al ataque.
Aprovecho para preguntarle: ¿El caso de PetroNoboa cuándo lo investiga? Señores, los ecuatorianos ya NO COMEN CUENTO, su persecución solo nos hace más fuertes”.
Este contundente mensaje refleja la tensión política creciente en el país y la percepción de una posible instrumentalización de la justicia con fines electorales.
Álvarez denuncia persecución política
El alcalde Aquiles Álvarez, por su parte, ha respaldado las acusaciones de González, denunciando abiertamente una maniobra de persecución política orquestada por la Fiscalía bajo las órdenes de Daniel Noboa.
La declaración del alcalde fortalece la narrativa de González y eleva la tensión en el debate público.
Las acusaciones plantean interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial ecuatoriano en el contexto electoral.
La situación podría generar una mayor polarización política y afectar la confianza ciudadana en las instituciones.
La resolución de esta controversia dependerá de la transparencia y la objetividad con la que se lleven a cabo las investigaciones.
La presión pública y el escrutinio mediático deben ser cruciales para garantizar un proceso justo e imparcial.
