Nada es casual en el escenario político ecuatoriano actual. Las recientes acusaciones de un ex militante contra dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC) emergen en un contexto de fuerte presión institucional, allanamientos selectivos y procesos judiciales sin sentencia firme. Para los abogados del movimiento, este nuevo episodio responde a una estrategia deliberada: el uso del miedo, la delación y la judicialización como herramientas para neutralizar al principal actor opositor del país.
Delación funcional en tiempos de asedio político
Las declaraciones difundidas en redes sociales por un ex integrante de la RC no pueden analizarse como un simple conflicto interno. Su aparición pública coincide con un momento de máxima tensión política, cuando el Gobierno de Daniel Noboa enfrenta un deterioro de su imagen y una creciente pérdida de apoyo social.
Desde la dirigencia de la RC se advierte que estas acusaciones cumplen un rol funcional: instalar sospechas sin pruebas, alimentar titulares y justificar nuevas acciones judiciales. El libreto no es nuevo: un “arrepentido”, un relato amplificado y una Fiscalía que actúa con celeridad solo contra un sector político.
La voz de los abogados: “no es justicia, es intimidación”
Defensa política y jurídica de la RC
Abogados de los dirigentes señalados sostienen que las acusaciones carecen de sustento probatorio y responden a una lógica de persecución política estructural. Recuerdan que ningún proceso ha derivado en sentencias ejecutoriadas, pero aun así se aplican allanamientos, filtraciones y estigmatización pública.
Según las defensas, el objetivo no es esclarecer hechos, sino intimidar, desgastar y fracturar a la organización mediante el miedo y la amenaza judicial, una práctica que ya se ha aplicado contra líderes como el expresidente Rafael Correa.
El rol del acusador y su utilidad política
Desde el entorno legal del ex militante se intenta presentar su testimonio como un acto de “conciencia”. Sin embargo, juristas cercanos a la RC advierten que la figura del delator se ha convertido en una herramienta recurrente del poder, utilizada para legitimar procesos débiles y construir escenarios de proscripción.
La pregunta clave no es qué dice el acusador, sino por qué aparece ahora y a quién beneficia políticamente su relato.
Contexto explicativo: neutralizar antes que competir
La Revolución Ciudadana sigue siendo la principal fuerza política de oposición y conserva una base electoral sólida. Para analistas y abogados, este es el verdadero problema para el poder: no pueden derrotarla en las urnas.
Por ello, se despliega una estrategia que combina:
- Judicialización selectiva
- Uso de ex militantes como delatores
- Presión mediática coordinada
- Amenaza de sanciones electorales
Todo orientado a un mismo fin: neutralizar políticamente a la RC y allanar el camino a su eventual proscripción.
Democracia en riesgo y un precedente peligroso
El uso del miedo y la delación como mecanismos de control político marca una deriva preocupante para la democracia ecuatoriana. Cuando la justicia se convierte en herramienta de intimidación y el disenso se castiga, el problema deja de ser partidista y se vuelve estructural.
Este nuevo episodio no revela una crisis interna de la Revolución Ciudadana, sino una operación política en marcha, donde el objetivo no es la verdad, sino el silenciamiento del adversario. Fin
