Quito, 2 ene (Sputnik).- Ecuador acaparó los titulares de prensa en todo el mundo luego de que el 5 de abril de este año sus fuerzas de seguridad irrumpieran en la embajada de México y apresaran al exvicepresidente y asilado político Jorge Glas (2013- 2018), desafiando al derecho internacional y generando un conflicto diplomático que continúa sin resolución.
El ecuatoriano Miguel Leví, doctor en Jurisprudencia y catedrático en la Universidad Andina Simón Bolívar, dijo a la Agencia Sputnik que ambos países cometieron violaciones al derecho internacional en este hecho que conmocionó a la región y al mundo.
«La violación cometida por cada parte en su orden sería: violación de una sede diplomática, protegida en el derecho internacional por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en el caso de Ecuador). En el caso mexicano sería el mal uso de una sede diplomática, al transgredir el principio de no intervención, soberanía e integridad territorial, al alojar al exvicepresidente Glas, convicto en juicio con sentencia ejecutoriada, que viola varias convenciones sobre asilo», precisó.
México presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, con el argumento de que no existe excepción a la inviolabilidad de la inmunidad de las embajadas, a la vez que rechazó la intención del Ejecutivo liderado por Daniel Noboa de equiparar el presunto agravio -el otorgamiento de protección a Glas- con la invasión a su embajada en Quito.
Por su parte, Ecuador inició un proceso ante esa misma instancia con el alegato de una presunta intromisión en sus asuntos internos, al apuntar que México habría utilizado su instalación diplomática durante meses con fines indebidos «para dar cobija a un delincuente común», en alusión a Glas.
UN PRÓLOGO DE TENSIONES
La relación bilateral entre Ecuador y México se había tensado desde meses anteriores a los sucesos del 5 de abril; específicamente tras el ingreso de Glas a la embajada mexicana para solicitar asilo diplomático, el 17 de diciembre de 2023, por temores de persecución política en su contra por su afiliación política al movimiento Revolución Ciudadana (izquierda).
Como antecedente, el gobierno mexicano, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador, también había concedido asilo o refugio a varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), entre ellos al excanciller Ricardo Patiño y a los exlegisladores de esa tienda política Soledad Buendía, Carlos Viteri y a Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
En enero, el gobierno ecuatoriano anunció que negaría un salvoconducto para que Glas pudiera abandonar el país como asilado político de México.
La disputa se acrecentó cuando el 1 de marzo Quito solicitó autorización para que la Policía entrara a la sede diplomática y apresara al exvicemandatario, petición denegada por México al día siguiente.
La escalada de las tensiones en la relación bilateral continuó el 4 de abril, víspera de la captura de Glas, cuando Ecuador declaró persona non grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, y la conminó a abandonar el país a la mayor brevedad.
Tal decisión siguió a declaraciones públicas del mandatario mexicano, quien sugirió que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, había influido en la victoria de Noboa en el balotaje de las elecciones anticipadas, afirmaciones rechazadas por el gobierno ecuatoriano.
AFECTACIONES PARA ECUADOR
Para Leví, profesor de Estudios Sociales y Globales, la principal afectación que se podría infligir a Ecuador sería «limitar» su credibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales.
En su opinión, es muy importante para Ecuador mantener su imagen de un Estado de derecho que respeta los principios de convivencia internacional.
Además del impacto del suceso para la imagen del país en la arena internacional, el hecho derivó en otras consecuencias económicas y políticas.
En el terreno diplomático, el suceso fue condenado por gobiernos de izquierda en la región (Brasil, Colombia, Venezuela y Chile), y de derecha (Perú y Argentina), e igual posición adoptaron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, mientras Nicaragua iba más allá y rompía relaciones con Quito.
En el plano interno, el asalto a la embajada mexicana provocó una fuerte reacción contra el gobierno de Noboa y la corriente política afín al expresidente Correa demandó la renuncia del mandatario.
En tanto, el tratado de libre comercio entre los dos países, requisito imprescindible para el ingreso de Ecuador como miembro pleno a la Alianza del Pacífico (bloque integrado por Chile, Colombia, Perú, México y Singapur), quedó definitivamente de lado.
Otra de las afectaciones para Ecuador fue el hecho de que la compañía AeroMéxico, única conexión aérea directa entre ambos países, dejara de operar la ruta Ciudad de México-Quito desde el 1 de julio.
A ello se suma que unos 70.000 migrantes ecuatorianos en México y un número impreciso en tránsito a EEUU se quedaron sin la protección diplomática en ese país.
La fundación InSight Crime, especialista en seguridad pública y crimen organizado en la región, consideró que al decidir la incursión en la legación mexicana Noboa apostó por los beneficios de mejorar su reputación de línea dura.
Consecuentemente, la incursión en la sede diplomática supuso un peligro para el apoyo internacional y nacional a la agenda de seguridad de su administración.
Para InSight Crime, además, el suceso de la embajada «podría tener profundas repercusiones para la cooperación en materia de seguridad» y argumentó que ello guardaba relación con el hecho de que «las organizaciones mexicanas se encuentran entre los principales compradores de la cocaína que se trafica a través de Ecuador y son contratistas de los grupos criminales ecuatorianos».
FIRMES EN SU POSICIÓN
Hasta el momento, los dos países se han ratificado en su posición inicial respecto al suceso y se disponen a avanzar en los procesos de demanda mutua iniciados ante la CIJ.
En agosto, López Obrador, todavía presidente de México, insistió en solicitar un salvoconducto para que Glas se beneficie de la protección ofrecida por su Gobierno, a través de un tercer país.
«Nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo, es parte de nuestra tradición en materia de política exterior proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo, siempre se ha hecho», argumentó el entonces mandatario mexicano.
En tanto, el gobierno de Ecuador rechazó la petición mexicana, a la vez que denegó dos recursos de habeas corpus y la concesión de la medida sustitutiva de arresto domiciliario de Glas.
La posición gubernamental ecuatoriana persiste, pese a las denuncias de la violación sistemática a los derechos del ex dirigente político y el agravamiento de su condición de salud física y mental, incluyendo un intento de suicidio y una huelga de hambre.
Para el profesor Leví, el desenlace de ambos procesos interpuestos por los respectivos países ante la instancia de La Haya depende de la decisión de los jueces que tendrán que establecer una sentencia que permita resarcir los daños causados por los Estados infractores y evitar violaciones del derecho internacional.
«Sería aventurado, en el momento actual, establecer una convicción en torno al desenlace de los procesos sin haber revisado minuciosamente cada una de las piezas del proceso y confrontado con las normas y principios del derecho internacional», explicó.
Indicó, sin embargo, que los dos países, a pesar de este gran problema, deberían tratar de recomponer su relación política.
«Aunque este es solo un deseo, porque los temas de fondo de derecho son complejos y los Estados esperarán los pronunciamientos de la corte antes de dar un paso a favor de la reconciliación», aseveró.
En tanto, el principal órgano judicial de la ONU comunicó el 30 de julio pasado que Ecuador deberá presentar el 22 de abril de 2025, en audiencia pública, sus argumentos sobre el caso, y la contraparte mexicana los suyos el 22 de enero de 2026, un proceso cuyo plazo para dirimir es impreciso. (Sputnik)
