Un Tribunal de la provincia ecuatoriana de Pichincha (norte) revocó este viernes la orden de prisión preventiva de 11 de los 12 manifestantes detenidos por presunto terrorismo durante el reciente paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel, pues las pruebas presentadas no fundamentaban la acusación.
«La Sala de Segunda Instancia ha aceptado los recursos de apelación y declara que la jueza de primera instancia ha violado derechos colectivos y deberá presentar un informe para evaluar posible manifiesta negligencia», informó en la red social X el abogado Aquiles Hervas, quien facilitó el diálogo entre la justicia y las comunidades indígenas durante el proceso de defensa de los 12 implicados.
La corte dictó medidas sustitutivas para los procesados, acusados de incendiar un cuartel policial en la localidad de Otavalo durante las protestas, entre estas la prohibición de salida del país y la presentación mensual ante la Fiscalía (primer lunes de cada mes).
Uno de los detenidos no apeló a tiempo la resolución, por tanto la defensa deberá realizar el trámite.
Luis Yépez, abogado de los llamados «Doce de Otavalo», explicó a medios locales que los procesados no han sido considerados inocentes y podrían reformularse los cargos en su contra.
«Lo que la Justicia está revocando es la prisión preventiva, no les ha declarado inocentes todavía. Nosotros confiamos en la inocencia de ellos, pero en este momento todavía son procesados, tienen medidas alternativas a la prisión preventiva, que es la presentación ante el fiscal de Otavalo una vez al mes, la prohibición de salida del país, que han determinado los jueces», indicó.
Yépez añadió que el Fiscal a cargo del caso ha solicitado una audiencia para reformular cargos, y advirtió que le «preocupa que el Estado siga criminalizando la protesta social».
La vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Ercilia Castañeda, señaló que la detención de los 12 fue inconstitucional e ilegal su traslado a prisiones de otras provincias diferente a la de su residencia, en este caso Imbabura, epicentro de las manifestaciones.
«El paro 2025 ha marcado un precedente histórico en el país en términos de pluralismo jurídico, la detención de los 12 hermanos y el traslado hacia provincias costeras fue inconstitucional, porque Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que los pueblos indígenas deben permanecer en sus territorios», indicó Castañeda.
La resolución del juzgado ocurre dos días después de que la Conaie anunciara el fin del paro nacional, luego de 31 días de protestas para exigir la derogatoria del decreto 126 que liberalizó el precio del diésel y elevó el costo del galón de 1.80 a 2.80 dólares.
En este contexto se registraron tres víctimas mortales, dos de ellos a causa de disparos durante los enfrentamientos con la fuerza pública, y una tercera víctima a causa de la inhalación de gases lacrimógenos.
