Quito, 31 ago (Sputnik).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este lunes al Estado ecuatoriano a garantizar la participación política «plural e igualitaria» frente a las elecciones seccionales previstas en noviembre de este año, en medio de un panorama complejo debido a la proscripción de candidatos y organizaciones políticas por diversas causas.
«La CIDH llama al Estado a asegurar que el proceso se desarrolle en condiciones de participación política plural e igualitaria, y que toda decisión con efectos sobre la contienda electoral se adopte con plenas garantías judiciales, motivación suficiente y acceso a un recurso efectivo», señala un comunicado de prensa del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH indicó haber recibido informes sobre decisiones administrativas y jurisdiccionales que inciden en la participación de diversas agrupaciones políticas en la contienda electoral del 29 de noviembre próximo para la elección de autoridades locales como prefectos y alcaldes, entre otros, y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de designar a unas 77 autoridades de control del Estado.
«En particular, el 6 de marzo de 2026, en la causa Nro. 029-2026, el TCE (Tribunal Contencioso Electoral) dispuso, la suspensión provisional, por nueve meses, del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda) en el registro permanente de organizaciones políticas», precisa el reporte.
Mencionó igualmente la cancelación el 26 de abril pasado de la personería jurídica sede administrativa de los movimientos Unidad Popular, posteriormente restituida, y de Construye, que no logró revocar dicha decisión, en ambos casos con base a un presunto incumplimiento del número mínimo de afiliaciones exigido por la ley.
Otro caso señalado por la CIDH es la suspensión por nueve meses del movimiento Amigo, con el cual la RC acordó una alianza electoral, ante el impedimento para el registro de sus candidatos con un casillero propio de dicha organización, fundada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
«Varias de estas decisiones han sido objeto de recursos ante la justicia electoral y constitucional», apuntó el organismo.
Además, se expone la decisión de adelantar las elecciones locales previstas inicialmente en febrero de 2027 para el mes de noviembre de 2026, con motivo de un eventual impacto del fenómeno natural El Niño (Oscilación del Sur-ENOS), lo cual fue impugnado por diversas organizaciones políticas e inadmitidas posteriormente por la Corte Constitucional.
«De acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el adelanto acortó los períodos previstos para las elecciones internas, la inscripción de candidaturas y la campaña electoral; lo que generó preocupación entre las organizaciones políticas respecto de su capacidad de competir en condiciones equitativas», apuntó el organismo.
Al respecto, indicó que el 11 de agosto pasado, la Corte Constitucional rechazó las siete acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas contra la resolución del CNE y por lo cual se mantuvo la fecha del 29 de noviembre para las votaciones.
En cuanto a la denuncia de un amenaza de muerte contra una jueza, también la CIDH se pronunció al rechazar esta situación contra operadores de la justicia electoral.
El organismo advirtió que las actuaciones con efectos sobre la contienda electoral, incluidas las suspensiones dispuestas en sede jurisdiccional, los procedimientos sancionatorios y las cancelaciones de personería jurídica, «deben adoptarse con estricto apego a las garantías del debido proceso, a la debida motivación y al acceso a un recurso judicial efectivo; sin que puedan traducirse en la exclusión arbitraria de opciones políticas ni afectar el pluralismo del proceso electoral».
Apuntó que dichas garantías protegen a las organizaciones afectadas y el derecho del electorado a elegir entre una pluralidad de alternativas e igualmente llamó la atención de que las reglas que rigen el calendario y la inscripción de candidaturas deben aplicarse con previsibilidad y certeza jurídica, para evitar que «ninguna agrupación quede en desventaja por razones ajenas a la voluntad de las electoras y los electores».
Por último, la CIDH instó al Estado ecuatoriano a garantizar que sus decisiones se adopten con plenas garantías judiciales, motivación suficiente y recursos efectivos, conforme al marco normativo interno y a los estándares interamericanos, así como a resolver con celeridad los recursos pendientes ante la justicia electoral y constitucional.
Además, ratificó la importancia de la independencia de los órganos jurisdiccionales y electorales como garantía fundamental del Estado de Derecho y del ejercicio pleno de los derechos políticos, a la vez que reconoció la necesidad de la actuación de dichas instancias con autonomía e independencia. (Sputnik)
