Enfermarse y necesitar atención médica nos vuelve vulnerables frente a un sistema cuyas reglas no podemos cambiar. Necesitamos atención y tenemos que aceptar las condiciones que nos imponen. Ese es precisamente el problema.
Sin seguro médico privado, acceder a una clínica puede convertirse en un problema serio. Pero tenerlo tampoco garantiza tranquilidad. Los seguros tienen límites, exclusiones y una letra pequeña que muchas veces se descubre justamente cuando llega el momento de utilizarlos. No todo está cubierto y, aun cuando lo está, las autorizaciones pueden convertirse en otro obstáculo. En muchos casos, primero debes pagar y después iniciar el trámite para que el seguro te reembolse lo que corresponda.
Y son pocos los que pueden contar con esta alternativa. Según los últimos datos disponibles de la Superintendencia de Competencia Económica (SCE), apenas alrededor del 10 % de la población ecuatoriana tiene seguro médico privado o medicina prepagada. Para el resto, las opciones son acudir al sistema público o pagar directamente la atención privada, con costos prohibitivos que pueden significar años de endeudamiento.
El sistema público de salud en Ecuador se ha deteriorado seriamente en los últimos años. A los sectores medios y altos quizá no les guste esta afirmación, pero la realidad es que hasta 2017 tanto el IESS como los hospitales públicos prestaban un servicio mucho mejor que el actual. Después de 2017 comenzó un proceso de deterioro que se ha profundizado con los años: falta de medicamentos e insumos, dificultades para conseguir citas, largas esperas y una capacidad de atención cada vez más limitada.
El Universo, publicada el 13 de junio de 2024, con el pie “Pacientes al interior del Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito” y el crédito Carlos Granja Medranda.
Contar con un sistema público de salud accesible y capaz de atender a la población es fundamental. La posibilidad de recibir atención médica, independientemente de la capacidad económica de cada persona, es también uno de los indicadores del desarrollo de un país.
Esta historia me hace recordar el nacimiento de mi hijo en Moscú, en julio de 1991. En aquella época, la cesárea estaba determinada fundamentalmente por el riesgo para la madre o el niño y los parámetros para realizarla eran muy estrictos. Mi hijo se había dado vuelta y venía de pies. Así nació. Me hicieron una incisión que requirió seis o siete puntos. Aquí, probablemente, me habrían hecho una cesárea sin pensarlo dos veces.
Los datos de Ecuador son reveladores. Según el Registro Estadístico de Nacidos Vivos 2024 del INEC, el51 % de los partos registrados en establecimientos de salud fueron por cesárea. La diferencia entre el sector público y el privado es enorme: 40,1 % frente a 89,1 %. Es decir, en las clínicas privadas casi nueve de cada diez partos terminan en cesárea.
La cesárea puede salvar la vida de la madre o del niño cuando existe una indicación médica. Pero una diferencia de casi cincuenta puntos entre el sector público y el privado obliga a preguntarse qué otros factores intervienen. Y hay uno evidente: una cesárea es una cirugía, cuesta más que un parto normal y, en el sistema privado, más procedimientos significan también mayor facturación.
Fuente: INEC, Registro Estadístico de Nacidos Vivos 2024.
Una vez dentro, el sistema se parece a una máquina a la que hay que seguir introduciendo monedas: exámenes, interconsultas, medicamentos, insumos, procedimientos. Cada cosa suma. Por supuesto, muchos son necesarios. El problema es que quien decide qué se hace también forma parte de una estructura que obtiene mayores ingresos cuanto más servicio presta. Y muchas veces se aprovecha el desconocimiento y la angustia del paciente y de su familia para sumar procedimientos y gastos que nadie se atreve a cuestionar.
Los criterios también cambian entre el sistema público y el privado. Un médico del sistema público me explicaba que la transfusión de sangre suele indicarse cuando la hemoglobina baja a alrededor de 7 g/dL, mientras que en el sector privado se realiza con valores cercanos a 9 g/dL.
El funcionamiento es distinto en cada sistema. En el público hay que cuidar los recursos; en el privado, paga el paciente o el seguro. Cada pinta de sangre, cada examen, cada insumo y cada procedimiento se factura. El problema aparece cuando el criterio deja de ser únicamente médico y entra en juego el interés comercial: mientras más se hace, más se factura.
Lo más chocante es que, con aparente amabilidad y mucha educación, te llaman a caja para que «revises el corte de la cuenta», cuando en realidad quieren que pagues porque la cuenta ya es muy alta y la tarjeta ha llegado al límite. No te lo dicen abiertamente porque suena fuerte, incluso desagradable. En los Andes somos dados a no hablar con claridad; evitamos las afirmaciones directas y preferimos suavizar lo que queremos decir.
Además, pretendían cobrar honorarios y otros gastos sin presentar todavía el detalle: un prepago para garantizar el cobro por si el paciente moría y después no había a quién cobrar. Ante mi negativa a pagar valores que aún no estaban facturados, y después de insistir mucho, finalmente aceptaron esperar.
Al día siguiente debía realizarse una intervención en otro centro médico. De común acuerdo con los médicos tratantes, se decidió no darle el alta: saldría en ambulancia para el procedimiento y regresaría después a la clínica. Así se evitaban nuevos ingresos y egresos y, sobre todo, se daba continuidad a la atención con los médicos que ya conocían su caso.
No tardaron en llamar para exigir el pago de los honorarios. No había alta médica, pero querían garantizar el cobro una vez más, no fuera a ser que el paciente muriera y después no hubiera a quién cobrar.
Como yo no estaba cerca de la clínica, le pedí al paciente que llamara a caja y realizara el pago. Estaba clarísimo que no le permitirían salir para la intervención sin haber pagado. Cuando se acercaron a cobrar, pidieron «disculpas», pero cobraron.
Hay algo profundamente inhumano en todo esto. Cuando alguien está enfermo, se preocupa; su familia también. No sabes qué va a pasar, si el tratamiento funcionará, si habrá complicaciones, si mañana estará mejor o peor. En esos momentos uno debería poder concentrarse en una sola cosa: la salud del paciente. Pero, en medio de esa angustia, aparecen una y otra vez la cuenta, la garantía, el límite de la tarjeta, el pago pendiente.
Nadie pretende que una clínica trabaje gratis. Los médicos deben cobrar por su trabajo y los servicios tienen un costo. El problema comienza cuando cobrar se vuelve tan importante como atender al enfermo. Y cuando, ante la posibilidad de que un paciente muera, la preocupación es asegurar primero la cuenta, el enfermo deja de ser un paciente y se convierte en una cuenta por cobrar.
La enfermedad te vuelve vulnerable: necesitas atención y dependes del sistema para recibirla. En el público, el problema es que existan los recursos necesarios; en el privado, que puedas pagarlos o que el seguro los cubra. Cuando faltan los recursos o el dinero, el enfermo y su familia tienen muy pocas opciones.
La vida, sin embargo, no es lineal. La solidaridad y generosidad de los compañeros de trabajo y de los padres de los deportistas se hicieron sentir.
En un entorno cada vez más agresivo, donde tantas veces prevalece el «sálvese quien pueda», encontrar esa disposición a ayudar devuelve un poco de esperanza. A todos ellos, mi agradecimiento por recordarnos que, a pesar de todo, todavía podemos contar unos con otros.
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