La crisis energética que afronta Ecuador, con apagones que han cesado momentáneamente, se debe a la baja inversión estatal de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), según un informe presentado el miércoles por una comisión permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).
Los gobiernos de «Guillermo Lasso y Lenín Moreno redujeron la inversión en el sector eléctrico, lo que conllevó a incumplir en un 84,6 por ciento el Plan Maestro de Electricidad (no construir e inaugurar las centrales eléctricas) y a no dar mantenimiento a las centrales termoeléctricas que, de estar habilitadas en agosto del 2023, habría impedido malgastar la reserva de Mazar (proyecto hidroeléctrico)», señala el «Informe de trámite de fiscalización relativo a la crisis energética nacional», difundido en rueda de prensa en esta capital.
Según este documento aprobado por la comisión de Fiscalización y Control Político, del Parlamento ecuatoriano, entre las causas de la situación que vive el sector energético actualmente está la débil institucionalidad en este ámbito.
«Esta empezó a partir de la fusión, realizada por Lenín Moreno, de tres ministerios (Hidrocarburos; Minas; Electricidad y Energía Renovable) en uno solo. Lo mismo ocurrió con la fusión de tres Agencias de Regulación y Control en una sola», establece el informe.
Apunta que ello, sin embargo, no generó ahorro al Estado, sino que por el contrario, hizo que Ecuador incurra en altos costos para solventar la incapacidad para cubrir la demanda en la época de estiaje o bajo caudal de los ríos, por ejemplo, con la compra de energía eléctrica a Colombia, y las pérdidas, estimadas en más de 400 millones de dólares.
Otra de las causas a las que se atribuye la situación energética del país es al retiro de los recursos a las empresas Celec y Cnel por parte del exministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena, quien fungió durante el gobierno de Lasso.
Ello, según los parlamentarios, «agravó la crisis energética ya que estas empresas públicas, encargadas de invertir en la generación y transmisión de energía, no tuvieron los recursos económicos suficientes para realizar esas obras».
Por otra parte se menciona que en el caso de la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (norte) esta obra tiene un avance del 90 por ciento, pero no ha sido concluida, pese a que aportaría 205 megavatios.
Además, reconoce que la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, aporta alrededor del 30 por ciento de la energía total que consume el Ecuador, lo cual ha permitido evitar más horas de suspensión del servicio eléctrico.
La presidenta de la comisión de Fiscalización y Control Político, Pamela Aguirre, de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), agrupación liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), dijo que este informe será remitido a la Contraloría General del Estado para que realice su análisis y determine la responsabilidad administrativa y penal respectiva.
Aguirre reconoció la labor realizada en la búsqueda de la estabilidad en la generación de energía eléctrica por el gobierno de Daniel Noboa, en el cual se aprobó la Ley de Competitividad Energética.
Con información de Agencia Sputnik
