El exministro ecuatoriano del Interior Juan Zapata (2022-2023) fue censurado el miércoles en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), al considerar como un incumplimiento de funciones la no ejecución del presupuesto de su cartera para el año pasado, lo cual habría agravado la crisis de inseguridad existente en el país.
«Con 118 votos afirmativos de manera unánime, se aprueba la Resolución de Censura a Juan Ernesto Zapata Silva en su calidad de exministro del Interior de Ecuador», informó el Parlamento en la red social X tras someter a consideración el texto.
La sesión inició en la mañana del miércoles con la presentación del interpelante, Carlos Vera, del Partido Social Cristiano (centro derecha), seguida por la intervención del acusado, quien argumentó su defensa en 40 minutos y un debate del pleno que duró alrededor de dos horas.
La censura implica que el exfuncionario no podrá ejercer un cargo público durante los próximos dos años.
Zapata ejerció el cargo durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) y en esta sesión rechazó la responsabilidad atribuida a él por la crisis de violencia que azota al país.
«Es impensado e ilógico creer que la violencia nació y creció en los 13 meses que estuve de ministro del Interior. El haber estado en este cargo, generó seis amenazas de muerte y detrás del ministro hay una familia», afirmó.
Dijo que sus funciones iniciaron en «el peor momento», en el último trimestre de 2022, cuando ya estaba establecido el presupuesto en ejecución y otro correspondiente a 2023.
Zapata fue considerado responsable del incremento de los niveles de violencia en el país, por falta de ejecución presupuestaria para comprar equipos a la policía y también por los asesinatos de varias figuras políticas, como el excandidato presidencial Fernando Villavicencio, cuya seguridad estaba a cargo del Ministerio del Interior.
El informe precisa que el exministro «es el responsable político del mal manejo del sector de seguridad interna, lo cual ha causado dolorosas pérdidas para las familias ecuatorianas; además de generar miedo y zozobra dentro de la sociedad. Situación que se agrava cuando personas que por su perfil de riesgo deben de ser protegidas por el gobierno, pero fueron brutalmente asesinadas».
En el análisis, el interpelante solicitó, «en nombre de las víctimas de la delincuencia y del crimen organizado», censurar al exministro, quien insistió en que se arriesgó por el país y consideró injusto manchar su trayectoria.
En 2023, Ecuador registró más de 7.500 muertes violentas, atribuidas a disputas entre grupos delictivos por territorio para operaciones ilícitas de narcotráfico.
Con anterioridad también fue censurado otro exministro del Interior del gobierno de Lasso, Patricio Carrillo, por incumplimiento de funciones durante el paro nacional de junio de 2022 y tras el feminicidio de la abogada María Belén Bernal, ocurrido al interior de la Escuela Superior de la Policía en septiembre de ese mismo año.
Lasso también fue procesado en un juicio político en el Parlamento por un contrato del Estado que dejó pérdidas millonarias para el país, pero el entonces mandatario interrumpió el proceso con la llamada «muerte cruzada», con la cual disolvió el Legislativo y ordenó llamar a elecciones anticipadas.
Posteriormente, al elegirse un nuevo Parlamento, se retomó la sesión en noviembre de 2023 y Lasso fue declarado responsable político por dicho contrato lesivo para el Estado y el pueblo ecuatoriano al considerarse que organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos con beneficio para terceros.
Con información de Agencia Sputnik
