La llamada «guerra de aranceles» entre Ecuador y Colombia, iniciada hace poco más de dos semanas, dejará pérdidas cuantiosas para ambos países, pero significará un sobrecosto adicional para el Gobierno de Daniel Noboa de más de 1.000 millones de dólares anuales, aseguró este jueves el experto en comercio exterior y logística Roberto Rosales, en declaraciones a la Agencia Sputnik.
«Si consideramos los datos de cierre de 2025, el total anualizado, si esto persiste, entre sobrecostos, disminución de importaciones y pérdidas, creo que a Ecuador le afecta (en) más de 1.000 millones de dólares al año, sin contar con la posible escasez de algunos productos que depende de cadenas de suministros colombianas», advirtió Rosales.
Añadió que el total de 1.000 millones de pérdidas para Ecuador corresponde, principalmente, a empresas que ya están dejando de importar, empresas que están subiendo precios, otras que están reduciendo margen de utilidad, y el posible desabastecimiento de algunos productos, con efecto en el Producto Interno Bruto (PIB) estimado en 0,8 a uno por ciento para 2026, en el peor escenario.
El catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y otros centros de altos estudios ecuatorianos precisó que este análisis es sobre la base de los datos de cierre del año pasado del comercio bilateral.
«Si tomamos en cuenta datos proyectados a febrero, en energía eléctrica creo que habría un sobrecosto adicional para Ecuador de, al menos, dos millones de dólares; para el comercio en importaciones, o sea las importaciones afectadas mensualmente que vienen de Colombia serían 150 millones mensuales aproximadamente. Las exportaciones de Ecuador, más o menos, de 60 a 80 millones mensuales», indicó Rosales.
Desde el 1 de febrero, Ecuador impuso una «tasa de seguridad» del 30 por ciento a las importaciones colombianas, tras denunciar falta de cooperación de parte del Gobierno de Gustavo Petro, para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico, tras lo cual se anunció desde Bogotá una sanción del mismo porcentaje para las importaciones colombianas y la suspensión de la venta de energía al país vecino.
El analista indicó que la respuesta colombiana fue adoptar una «medida de espejo», lo cual en su conjunto empieza a resquebrajar la relación comercial bilateral.
«En un esquema actual globalizado que estamos buscando reducir tarifas, reducir barreras arancelarias, que se pongan aranceles, es la antítesis de lo que debería hacer. Entonces, creo que no es acertado lo que se está haciendo ni beneficioso para ninguno de los dos países», indicó.
DEMANDAS DE INCUMPLIMIENTO ANTE LA CAN
Rosales, Gerente General de CBS NETWORK ECUADOR, empresa de consultoría y capacitación empresarial, señaló que la acción presentada por Colombia ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por incumplimiento de las normas estipuladas por ese bloque podría tener consecuencias para este país.
De acuerdo con el experto, la sanción podría consistir en medidas de «retorsión», en represalia, o medidas compensatorias para Colombia.
«Si Ecuador no retira la medida, tras la posible sentencia, la Comunidad Andina, puede autorizar a Colombia aplicar medidas de retorsión o medidas compensatorias. Es decir, no es una multa, sino es una autorización que le darían a Colombia para que suspenda las ventajas de lo que está establecido en el programa de liberación, es decir, que nos haga lo mismo», anotó.
Según explicó, la contraparte podría imponer una tasa o una tarifa que vaya comprendida en el perjuicio del monto causado, es decir, el monto que haya causado Ecuador con esa tasa del 30 por ciento.
En particular, el Gobierno colombiano consultó a la CAN si la «tasa de seguridad» impuesta por el país vecino constituye un gravamen, lo cual de ser confirmado como positivo, podría traer consigo una sanción para Ecuador.
«La Secretaría General de la Comunidad Andina admite el proceso y, obviamente, tras admitir el proceso o admitir la demanda, después de una investigación, va a determinar si la tasa de seguridad del 30 por ciento que Ecuador crea es un gravamen, que está prohibido por el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, y emitiría un dictamen de incumplimiento», explicó.
POSIBLE FALLO CONTRA ECUADOR
El experto augura un posible un fallo en la CAN contra Ecuador, por lo cual, en su criterio, este debería a suspender la tasa del 30 por ciento impuesta a las importaciones colombianas y, en su lugar, apostarle a otras medidas que no impacten en el comercio bilateral.
«Para evitar lo que se viene y el fallo que, probablemente, sea desfavorable para Ecuador, se debería debería eliminar la medida, suspender la aplicación de la tasa del 30 por ciento, de tal manera que también Colombia suspenda sus aranceles recíprocos y se restablezca todo lo que está establecido el foco eléctrico, el tránsito (de crudo) del SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano)», anotó.
Precisó que el Gobierno ecuatoriano podría llamar a un Gabinete Binacional para desarrollar reuniones de alto nivel a fin de tratar los temas de narcotráfico y seguridad, como un asunto de cooperación técnica, pero separándolo del tema arancelario y comercial.
«Además, sustituir las tasas para que técnicamente se definan otros mecanismos que puedan utilizarse como fuente de financiamiento o de aporte», indicó.
En ese orden propuso que esta medida debería estar alineada a la regla del trato nacional de la Comunidad Andina y de la Organización Mundial de Comercio.
Analizó que Ecuador debió poner esta medida a Colombia desde el enfoque de sancionar al país vecino de manera unilateral por no cumplir con el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero, acogerse a este a tema con un socio comercial a través de aranceles, por falta de reciprocidad en seguridad, no es apropiado.
«Eso lo que hace es poner en reversa o como el cangrejo. Vamos avanzando en liberación (de aranceles) y poner tarifas implica frenar», enfatizó.
Rosales indicó que Ecuador ya atravesó una situación similar por lo que se llamó «tasa de servicio por control aduanero», en 2027, sobre lo cual la CAN emitió un fallo negativo para el país, en 2018, al calificar a dicha tasa de servicio como un gravamen, lo cual obligó al país a eliminar esa tasa para evitar sanciones por parte de todos los miembros de la CAN.
Respecto al caso que se ventila actualmente en el bloque andino, Rosales señaló que su país tenía otras opciones.
«Lo que podría haber invocado por Ecuador es una cláusula de seguridad nacional, que eso está en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, pero esa (cláusula) necesita una notificación previa y una validación por el sistema generalizado de la comunidad andina, en lugar de ser impuesta unilateralmente»; consideró.
En su opinión, otra de las alternativas que pudo tomar en cuenta el Gobierno de Noboa para buscar una solución frente a una situación determinada con el país vecino fue llamar a un Gabinete Binacional, antes que romper el tema de la seguridad jurídica que estaba funcionando en el bloque.
