En Ecuador la persecución política no solo persiste: se ha institucionalizado. Lo que comenzó como una ofensiva política contra la Revolución Ciudadana derivó, con el paso de los años, en un entramado judicial orientado a neutralizar a su principal fuerza opositora y a sus liderazgos históricos, con el expresidente Rafael Correa como objetivo central.
Los recientes allanamientos a domicilios de dirigentes del movimiento, bajo la figura de un presunto manejo irregular de fondos de campaña correspondientes a 2023, confirman una vez más que en el país la disputa política dejó de resolverse en las urnas y se trasladó a los juzgados.
De la traición política al lawfare como política de Estado
Desde la ruptura protagonizada por Lenín Moreno, Ecuador ingresó en una etapa de regresión democrática marcada por la judicialización de la política. La persecución contra el correísmo se convirtió en un eje transversal de los gobiernos posteriores, independientemente de su discurso o color político.
Procesos penales sin sentencia ejecutoriada, investigaciones prolongadas, medidas cautelares desproporcionadas y filtraciones selectivas a medios forman parte de un patrón sostenido cuyo objetivo no es esclarecer hechos, sino desgastar, intimidar y proscribir.
Allanamientos como mensaje político
Los allanamientos recientes no pueden leerse de forma aislada ni estrictamente jurídica. Se producen en un contexto de crisis política, económica y social, y responden a una lógica de espectáculo judicial que busca reinstalar el correísmo como chivo expiatorio permanente.
El uso del aparato penal para enviar mensajes políticos —más que para impartir justicia— se ha convertido en una práctica recurrente. La ausencia de resultados judiciales concluyentes contrasta con la intensidad de las acciones mediáticas, reforzando la percepción de persecución y no de debido proceso.
Medios de comunicación y condena anticipada
Un elemento clave de esta arquitectura persecutoria es el rol de determinados medios de comunicación, que actúan como caja de resonancia de la narrativa oficial y judicial.
Titulares que presentan hipótesis fiscales como hechos probados, falta de contraste de fuentes y una cobertura sistemáticamente orientada a culpabilizar a la Revolución Ciudadana antes de cualquier fallo judicial consolidan un clima de condena anticipada que vulnera principios básicos del Estado de derecho.
El temor que explica la persecución
La pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué continúa la persecución contra la Revolución Ciudadana?
La respuesta es política. Pese a años de hostigamiento, el correísmo sigue siendo la principal fuerza electoral del país y conserva una base social sólida. Incapaces de derrotarlo de manera consistente en las urnas, los gobiernos de turno y sectores de poder han optado por la vía judicial para condicionar el escenario político.
La persecución no busca justicia: busca exclusión.
Una democracia en riesgo
La normalización del lawfare no solo afecta a la Revolución Ciudadana. Sienta un precedente peligroso para cualquier actor político que cuestione al poder establecido.
Cuando la justicia se convierte en arma política, la democracia se vacía de contenido y el voto ciudadano pierde sentido. Ecuador no enfrenta solo un conflicto partidista, sino una crisis estructural de su sistema democrático.
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