La militarización del sistema penitenciario ha dejado a más de 35.000 presos sometidos a una hambruna y enfermedades que escapan de los muros de las cárceles.
Luisa apenas reconoce a su hermano en ese cuerpo reducido a pellejo y huesos, que marcan su estructura ósea. Las costillas, brotadas bajo la piel, acentúan el vacío del estómago. Está calavérico, como si el hambre le hubiera quitado capas de vida. No entró así hace más de un año a la Penitenciaría del Litoral, el infierno —también llamado cárcel— en Guayaquil.
“Su estado es crítico. Le detectaron tuberculosis y la medicación le llega cuando se acuerdan. A lo mucho se la dan dos veces a la semana”, cuenta la hermana, mientras intenta estar fuerte si ocurre la noticia que no quiere escuchar. “Estoy desesperada, luchando para que cumplan con una orden judicial para que lo trasladen a un hospital, pero en la penitenciaría me dicen que debo esperar porque todos están igual de críticos”.
Luisa trata de hablar con su hermano, de 32 años, todos los días, o al menos cuando las posibilidades económicas le permiten pagar las llamadas. Cada conversación trae novedades: “A la tuberculosis se le suman granos en la cabeza, sarna y ninguna atención médica”.
Desde el 2024, cuando el presidente Daniel Noboa asignó la seguridad de las prisiones a los militares, los centros penitenciarios de Ecuador se han convertido en espacios de torturas sistemáticas, ampliamente denunciados por organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Sus informes hablan del creciente número de muertes bajo custodia estatal y de las prácticas de trato cruel, inhumano y degradante dentro de los centros de detención.
Mas información en El País
