Constitucionalistas y legisladores cuestionan la legalidad y el contenido del Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal. Lo califican como autoritario, violatorio de derechos fundamentales y carente de urgencia económica.
El Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, enviado con carácter de económico urgente por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, ha generado una ola de críticas por parte de expertos en derecho constitucional y legisladores.
Santiago Machuca Lozano, constitucionalista, señaló que el proyecto no califica como urgente en lo económico y advirtió que se trata de una ley reformatoria que viola principios fundamentales de la Constitución. “No hay unidad de materias. Se pretende reformar varios cuerpos legales bajo un solo paraguas y se introducen figuras que vulneran derechos fundamentales”, sostuvo.
Entre los puntos más críticos, Machuca destaca que se elimina la necesidad de orden judicial para allanamientos, se violenta la presunción de inocencia al introducir categorías como “sospechoso” u “objetivo militar”, y se permite la incautación de bienes sin autorización judicial previa. “El populismo penal y la creación de tribunales de excepción bajo la figura de ‘jueces de conflicto armado’ representan una grave amenaza al Estado de derecho”, advirtió.
Por su parte, la asambleísta Liliana Durán calificó la propuesta como un “grave retroceso democrático”. En un pronunciamiento público, Durán cuestionó que la ley normaliza la impunidad en violaciones a derechos humanos, criminaliza la defensa de derechos y otorga discrecionalidad tributaria sin límites. “No es una ley, es una amenaza”, afirmó.
El exembajador Fernando Yépez Lasso también reaccionó con dureza: “Este proyecto de ley es un monumento al desprecio a los derechos humanos… ¡es fascismo puro y duro!”, escribió en su cuenta en X, denunciando además la colaboración anunciada con el gobierno de Benjamín Netanyahu, a quien calificó de “genocida”.
Los cuestionamientos coinciden en que la ley no cumple con los requisitos establecidos para el tratamiento de urgencia económica y podría abrir la puerta a una grave erosión de garantías constitucionales bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado.
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