Quito, Una jueza confirmó el jueves su rechazo a una acción de protección solicitada por la vicepresidenta ecuatoriana, Verónica Abad, ante un proceso sumario que enfrenta por haber demorado, sin justificación aparente, su traslado desde Tel Aviv (Israel) hasta Ankara (Turquía), según una orden presidencial.
«Se niega la acción de protección presentada por la señora María Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República del Ecuador, en contra de la señora Mgs. Ruth Estefanía Espinoza Avilés, directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público, del Ministerio del Trabajo, y la señora abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, en su calidad de ministra del Trabajo», señala el documento oficial de la abogada Gloria Mayorga, difundido en medios locales.
Con este recurso la vicepresidenta, designada como «embajadora por la paz» en Israel, intentó frenar el proceso en su contra y con el cual se pretendería su destitución del cargo.
No obstante, su defensa asegura que no podría ser destituida por esta vía, debido a que la norma no aplicaría en caso del binomio presidencial.
El presidente Noboa había ordenado a Abad que, en calidad de «embajadora por la paz» designada en Israel, se trasladara por su seguridad a la urbe turca, aunque sin fijar fecha, sin embargo, trascendió que la Cancillería habría fijado un día para ello y presumiblemente la funcionaria incumplió.
Esta semana, la vicepresidenta calificó de «golpe bajo a la democracia» la negativa de jueza de una acción de protección planteada en una audiencia digital.
También se conoció que la Procuraduría General del Estado (PGE) se pronunció respecto a una consulta sobre la aplicación Ley Orgánica de Servicio Público, planteada por el gobierno.
La PGE dijo que «si un funcionario hubiera sido destituido por abandono injustificado del trabajo, por tres o más días laborables consecutivos, se encuentra inhabilitado para continuar ejerciendo otro cargo público por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de su destitución», según un documento difundido en medios locales.
El presidente Daniel Noboa y voceros de su gobierno han hecho públicas sus intenciones de evitar que Abad se posesione en el cargo en lugar del mandatario, cuando este solicite licencia para participar a la campaña electoral por la reelección.
Abad y Noboa están distanciados desde antes de la segunda vuelta en las urnas en las elecciones anticipadas de 2023 y, tras la toma de posesión, el mandatario estableció mediante decreto ejecutivo la misión de la vicepresidenta en Tel Aviv.
Contra la funcionaria pesa también una demanda por presunta violencia política de género, presentada por la asesora presidencial, Diana Jácome, luego de que la ahora embajadora en Israel la denunciara ante el Tribunal Contencioso Electoral, al igual que al presidente Noboa; a la canciller Gabriela Sommerfeld y al exviceministro de Gobierno Esteban Torres.
Con información de Agencia Sputnik
