Lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el día de ayer fue más que una decisión política; fue una burla a la justicia, una traición a la democracia, y un espectáculo vergonzoso que puso en evidencia el poder que algunos sectores ejercen para proteger sus propios intereses. La absurda decisión de archivar el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar desató una tormenta de reacciones, no solo dentro de la Asamblea, sino también en la sociedad civil y en los medios de comunicación.
El escenario ya estaba cargado de tensiones antes de que la sesión comenzara. El juicio político promovido por la asambleísta correísta Gissela Garzón tenía como objetivo destapar lo que, según ella y la bancada de RC5, era la «incompetencia, negligencia y corrupción» de Salazar. Sin embargo, lo que debía ser un proceso justo y riguroso, rápidamente se transformó en una farsa controlada por una nueva mayoría oficialista.
Los asambleístas del oficialismo, que sorpresivamente tomaron el control de la Comisión, actuaron con una coordinación que dejó poco margen para la duda: el juicio sería archivado sin importar los argumentos presentados. Liderados por Luis Alvarado Campi, vicepresidente de la Comisión, asumieron el control en una sesión marcada por burlas e ironías que desataron el enojo de los legisladores correístas, quienes vieron cómo se desmoronaba su intento de llevar a Salazar al banquillo de los acusados.
«Esto no es más que una maniobra descarada para proteger a una fiscal que se ha convertido en el brazo ejecutor del poder en las sombras», reclamaba Pamela Aguirre, una de las voces más críticas del correísmo. Aguirre no tardó en aclarar que, aunque el juicio impulsado por Garzón había sido archivado, la solicitud presentada por el asambleísta Héctor Valladares seguía en pie. Sin embargo, el archivo del proceso actual fue un golpe significativo, especialmente para quienes veían en este juicio una oportunidad para revelar lo que consideran abusos sistemáticos de Salazar.
La decisión de la Comisión fue recibida con aplausos por los asambleístas oficialistas, pero con una mezcla de indignación y asombro por parte de la oposición. Gissela Garzón, visiblemente molesta, denunció lo que calificó como una violación flagrante al debido proceso. «Han pisoteado esta institución y violentado la Ley de la Función Legislativa», exclamó, mientras su bancada, RC5, lanzaba acusaciones de manipulación y corrupción contra los legisladores de ADN.
El malestar no solo se quedó en los pasillos de la Asamblea. En las redes sociales, el hashtag #DianaSalazarNoTieneLímites se volvió tendencia casi inmediatamente. Las críticas no se hicieron esperar. Desde el correísmo, los mensajes denunciaban lo que consideraban el «poder desmedido» de la fiscal, a quien acusaban de utilizar los expedientes judiciales para chantajear a los asambleístas y mantenerlos bajo su control. Según estas denuncias, muchos de los legisladores que votaron a favor del archivo del juicio están implicados en casos de tráfico de influencias y otros delitos, y temen que Salazar los exponga si no la protegen.
La imagen de Luis Alvarado Campi presidiendo la sesión quedó grabada en la memoria de quienes observaron este bochornoso episodio. Mientras asumía su rol entre ironías y risas contenidas, el mensaje era claro: el juicio no avanzaría. Los legisladores correístas lo rodearon con reclamos, exigiendo una explicación y lanzando acusaciones de traición, pero Alvarado mantuvo su postura. Para la oposición, esta fue la confirmación de que Salazar no solo tiene influencia dentro del sistema judicial, sino también dentro de la Asamblea.
«Lo que presenciamos ayer fue una traición descarada al país», sentenció Garzón en sus últimas declaraciones. Para ella, la Comisión de Fiscalización no solo había archivado un juicio político, sino que había permitido que la corrupción siga enquistada en las instituciones. Su mensaje resonó fuerte: «Esto no ha terminado». Pese al archivo, la lucha por desenmascarar a la fiscal Salazar seguiría, ahora con la solicitud de Héctor Valladares aún en juego.
También quedó al descubierto la polémica actuación del asambleísta del gobierno, César Umajinga.
El archivo del juicio político contra Diana Salazar no solo puso fin a un proceso, sino que abrió un nuevo capítulo en la ya fragmentada política ecuatoriana. La Comisión de Fiscalización, ahora controlada por una mayoría oficialista, dejó en claro que protegería a la fiscal a cualquier costo, mientras la oposición promete continuar con su cruzada para destapar lo que consideran «el verdadero rostro de la corrupción» en Ecuador.
Lo sucedido en la Asamblea Nacional parece ser solo una escena más en la compleja y a veces absurda política ecuatoriana, donde la justicia, muchas veces, parece ser un concepto moldeado por los intereses del momento. La historia, sin embargo, aún no ha terminado, y la pugna por el control del poder judicial promete intensificarse en los próximos días.
