El presidente cierra el primer año de su segundo mandato con cierta estabilidad económica, pero también con un Gobierno más militarizado, con récord de homicidios, hospitales colapsados y denuncias de autoritarismo
Una patrulla militar atraviesa calles vacías en el sur de Guayaquil, una de las ciudades más peligrosas del continente. Los vecinos observan detrás de rejas, encarcelados en sus propias casas. Tienen prohibido salir por la noche. En otro punto de la ciudad costera ecuatoriana una madre espera noticias de su hijo desaparecido por una patrulla militar. En la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, hay presos tosiendo sangre en pabellones hacinados debido a la tuberculosis. En los hospitales públicos, a los médicos les toca improvisar porque faltan medicinas y utensilios. Guantes incluido. El país ha dejado de ver como una excepción los apagones de luz, las extorsiones y el miedo. Hace un año, Daniel Noboa inició su mandato -el primero completo- con la promesa de recuperar el control de Ecuador. Doce meses después, gobierna un país exhausto: el más inseguro de América Latina.
Para Noboa, es el primer año de un segundo periodo de cuatro. Se hizo con el poder por primera vez en 2023 después de que Guillermo Lasso acortara su propio mandato y convocara elecciones para evitar un juicio político. Noboa era entonces un candidato improbable: joven, heredero del imperio bananero de su padre, de frases cortas y silencios largos, que aparecía rezagado en las encuestas. Terminó ganando en las urnas, completó lo que faltaba del periodo de Lasso y volvió a ser reelegido por abrumadora mayoría en abril de 2025 con la promesa de declararle la guerra al crimen organizado.
Aquel presidente que hablaba de acuerdos endureció rápidamente el tono. Declaró que el país estaba en un “conflicto armado interno”, militarizó las cárceles y ciudades y convirtió la seguridad en el eje absoluto del Gobierno. Su gestión adoptó una narrativa de guerra y Noboa adquirió una imagen cada vez más confrontadora, inspirado en los modelos de Nayib Bukele y Donald Trump, mandatarios de El Salvador y Estados Unidos. Ha chocado con jueces constitucionales, organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición. Sus críticos lo acusan de estirar los límites institucionales y utilizar el aparato estatal para perseguir a adversarios políticos. Pero no ha cosechado hasta ahora resultados evidentes en la pacificación del país.
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