Varios profesionales ecuatorianos han denunciado lo que consideran una barbaridad jurídica tras la reciente sentencia contra el exvicepresidente Jorge Glas, condenado no por haberse apropiado de fondos públicos, sino por haber priorizado la ejecución de determinadas obras frente a otras.
En un texto reflexivo, el arquitecto José Xavier Cabrera García alerta que este fallo abre un precedente extremadamente delicado para la administración pública en Ecuador: “Si un funcionario o autoridad impulsa un proyecto con recursos públicos y, años después, un perito o juez considera que ‘no era prioritario’, puede ser enjuiciado por peculado y obligado a devolver todo lo invertido”, señala.
El razonamiento trasciende el caso puntual y afecta directamente a cualquier alcalde, prefecto o ministro que, en el ejercicio de sus funciones, tome decisiones técnicas o políticas que sean posteriormente cuestionadas, aunque hayan sido aprobadas y financiadas legalmente.
El fallo implica que no hace falta encontrar dinero robado ni demostrar enriquecimiento ilícito; basta con que un juez considere que los recursos se debieron usar en otra cosa. Esto, advierten los expertos, convierte la discrecionalidad administrativa en delito y genera un ambiente de parálisis técnica, donde los funcionarios temerán ejecutar proyectos ante el riesgo de ser perseguidos penalmente en el futuro.
El abogado Jofre Campaña sintetiza la gravedad del asunto: “En sencillo, se ha sentenciado a Jorge Glas por haber priorizado unas obras por sobre otras. No se lo ha sentenciado por robar. Esto es una barbaridad jurídica”. Incluso plantea un ejemplo extremo: si algún juez decidiera que el Gobierno actual no destinó el 100% del incremento del IVA a seguridad, se podría procesar por peculado al presidente Noboa, aunque no se hubiese apropiado ni de un solo dólar.
“No se castiga un robo comprobado, sino una valoración política o subjetiva sobre qué se debió hacer. Esto no fortalece la transparencia: fortalece la persecución y debilita la toma de decisiones públicas”, concluye Cabrera García.
Para los autores de estos análisis, el caso de Glas deja claro que la justicia ecuatoriana no está juzgando delitos comprobados, sino castigando decisiones políticas pasadas, algo que consideran incompatible con cualquier Estado de Derecho.
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