El reciente Decreto Ejecutivo No. 32, firmado el 16 de junio de 2025 por el presidente Daniel Noboa, marca un punto de inflexión en el manejo del sistema eléctrico ecuatoriano. A través de una profunda reforma al Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), el gobierno busca asegurar la provisión energética del país en un contexto de escasez hídrica, atraso estructural y creciente desconfianza pública tras los apagones de 2024.
Sin embargo, más allá del discurso oficial sobre eficiencia y sostenibilidad, la reforma ha generado reacciones divididas entre los actores del sector eléctrico, analistas y gremios técnicos, con críticas que apuntan a una apertura acelerada al capital privado, riesgos de fragmentación institucional y pérdida de control estratégico por parte del Estado.
LOSPEE reformada: los pilares del Decreto 32
El nuevo marco normativo establece tres medidas centrales:
- – Autogeneración obligatoria para grandes consumidores (AV1 y AV2). Estas industrias deberán generar su propia energía en un plazo máximo de 18 meses. En caso de déficit nacional, podrán ser desconectadas del sistema interconectado, priorizando a los usuarios residenciales.
- – Facilidades para nuevas centrales termoeléctricas a gas natural. Se autoriza la construcción de plantas de hasta 100 MW sin licitación pública, lo que representa una flexibilización sin precedentes en los requisitos para la inversión privada.
- – Delegación de infraestructura estratégica al sector privado. El Estado podrá transferir directamente a empresas privadas la ejecución de proyectos estratégicos si no logra realizarlos “a tiempo”, además de asegurar pagos mediante fideicomisos.
Reacciones: entre el pragmatismo oficial y el escepticismo técnico
El Ejecutivo ha defendido la reforma como una respuesta necesaria para evitar futuras crisis eléctricas, como la vivida en 2024. La vocera presidencial Carolina Jaramillo ha asegurado que en 2025 no habrá apagones, sustentando esta promesa en la incorporación de 979,5 MW de generación “en firme” antes de fin de año.
Desde el Ministerio de Energía, Inés Manzano ha insistido en que este modelo habilita una transición “ágil” hacia una matriz energética diversificada, donde incluso se contempla, a mediano plazo, la energía nuclear.
Pero la comunidad técnica ha respondido con fuerte escepticismo. Iván Endara, académico en ingeniería eléctrica, ha calificado como inviable el objetivo de “cero apagones” bajo las condiciones actuales. A su juicio, el gobierno podría sacrificar a los grandes consumidores industriales para ocultar un desbalance estructural del sistema. En esa línea, Diego Morales, del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Azuay, advierte que la ventana de implementación es demasiado corta y que el sistema eléctrico sigue dependiendo de factores inciertos como el clima y la importación de energía desde Colombia.
Fernando Salinas, del Foro Energético, ha sido más frontal: “el anuncio oficial es una promesa política, no una realidad técnica”. Según él, los retrasos en centrales termoeléctricas (como Progen o Pascuales) y los contratos fallidos en 2024 cuestionan la viabilidad del plan. Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía, coincide y recuerda que los antecedentes del gobierno en gestión energética no avalan optimismo alguno.
Un caso emblemático: Coca Codo Sinclair
En este contexto, cabe resaltar una posibilidad estratégica que hasta ahora ha sido mencionada tangencialmente, pero que cobra nueva relevancia bajo las reformas actuales: la delegación de la operación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Este megaproyecto, construido por la empresa Sinohydro, representa más del 30% de la capacidad eléctrica nacional. Bajo el nuevo marco, sería viable –y deseable– delegar su operación a China, incluso a la misma empresa constructora, bajo esquemas de control y rendimiento.
¿Por qué? Primero, porque garantizaría la operación técnica eficiente de una central clave. Segundo, porque liberaría al Estado de responsabilidades operativas mientras asegura el suministro continuo. Tercero, porque podría permitir un modelo de “entrega en bloque”, donde el país simplemente reciba la energía generada sin asumir los costos operativos directos. Esto fortalecería la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduciría riesgos en periodos críticos como el estiaje.
¿Transición o privatización?
Aunque las autoridades insisten en el discurso de la transición energética, el Decreto 32 ha sido descrito por varios expertos como el inicio de una nueva ola de privatización encubierta. Delegar proyectos sin planificación estatal, dar paso libre a empresas sin licitación y exigir autogeneración a industrias seleccionadas implica una transformación estructural del modelo eléctrico nacional, donde el Estado deja de ser el eje articulador del sistema.
Este giro si no es bien manejado, puede tener consecuencias profundas: pérdida de soberanía energética, concentración de beneficios en grandes grupos privados y debilitamiento del control técnico sobre el sistema. La eliminación de subsidios a sectores industriales y el incremento de tarifas en junio de 2025 (29% en AV1 y 25% en medio voltaje) refuerzan esta lectura crítica, pues imponen nuevas cargas sin acompañamiento institucional efectivo.
En paralelo, persisten dudas sobre la sostenibilidad de las soluciones propuestas: ¿realmente el gas natural será una alternativa limpia y económica si no existe infraestructura de importación a escala? ¿Qué pasará cuando las plantas duales deban dejar el diésel y no tengan acceso a gas?
Las reformas a la LOSPEE evidencian la urgencia del Gobierno por evitar nuevos apagones y estabilizar el sistema eléctrico. No obstante, el camino elegido prioriza la lógica de mercado y la intervención privada, bajo un esquema que, según numerosos expertos, podría reproducir los mismos problemas estructurales que pretende resolver: falta de planificación, desigualdad en el acceso y vulnerabilidad ante crisis externas.
Delegar estratégicamente activos como Coca Codo Sinclair bajo condiciones favorables puede ser una jugada inteligente. Pero sin una rectoría estatal sólida, sin mecanismos técnicos de supervisión y sin una visión clara de largo plazo, Ecuador corre el riesgo de sustituir la escasez energética por una dependencia privada costosa y desigual.
FIN
