Quito, La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador iniciará este martes un proceso de fiscalización tras la denuncia contra la compañía Petronoboa S. A, propiedad de Santiago Noboa, hermano del presidente de este país suramericano, por presunto tráfico de combustible con un perjuicio millonario para el Estado.
La convocatoria legislativa tiene como base una denuncia presentada por el excandidato presidencial en los comicios de 2025 Pedro Granja (Partido Socialista Ecuatoriano), por presunto delito de «almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles».
La Comisión legislativa de Justicia y Estructura del Estado, que sesionará a las 09:00 (14:00), a petición del parlamentario Leonardo Berrezueta, del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), citó a comparecer al abogado Granja, en calidad de denunciante; así como a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.
Además, fueron llamados a comparecer Guillermo Adolfo Vinueza Muñoz, director ejecutivo (encargado) de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos; así como Diego Cofre, coordinador de Asesoría Jurídica de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública; y Damián Alberto Larco Guamán, director general del Servicio de Rentas Internas.
En un comunicado oficial, la bancada de la RC (izquierda) expresó su indignación por los «hechos irregulares» que involucran a la empresa constituida por Santiago Noboa, pocos días antes de la toma de posesión de Daniel Noboa, en 2023.
El texto precisa que en enero de 2024, apenas 18 días después de asumir el nuevo Gobierno, Petronoboa adquirió un centro de distribución por dos millones 400,000 dólares, pero cambió de objeto social en febrero, con una autorización expedita, así como con «extraños cambios internos y un desproporcionado aumento de capital».
«Estos hechos, junto a la alarmante discrepancia entre el volumen de combustible adquirido frente al comercializado y la anulación de nada menos que 6.800 facturas, evidencian delitos de almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo», señala el texto de la bancada legislativa opositora, que exigió una investigación expedita y sanciones ejemplares.
Según el excandidato socialista Granja, la gasolinera registró ventas que no se justifican, lo cual podría ser causal de un proceso penal.
«Nada más y nada menos que casi cuatro millones de galones subsidiados, pero ni siquiera todas las gasolineras de Guayaquil (suroeste) logran vender eso en un día, logran vender eso en un año. O sea, aquí hay un perjuicio al país (…) de cuatro millones de dólares», dijo Granja al presentar su denuncia a inicios de febrero.
Este martes, la bancada de Revolución Ciudadana también dará detalles en una rueda de prensa a las 11:00 (16:00 GMT), en la sede del Legislativo.
Con información de Agencia Sputnik
