La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su profunda preocupación por la seguridad de jueces y operadores judiciales en Ecuador, en especial de aquellos que investigan casos de alto impacto vinculados con corrupción, crimen organizado y graves violaciones de derechos humanos.
El pronunciamiento se produce en un contexto marcado por la violencia, las amenazas contra funcionarios judiciales y denuncias persistentes de irregularidades, lo que —advirtió— pone en riesgo el Estado de derecho.
Preocupación reiterada al Estado ecuatoriano
A través de su cuenta en la red social X, la relatora recordó que el 14 de agosto de 2023, durante el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso, ya había manifestado su alarma por la persecución contra operadores de justicia, que incluía amenazas de bomba y atentados contra complejos judiciales.
Satterthwaite señaló que, pese a los compromisos públicos asumidos por el Gobierno para reforzar la seguridad, los patrones de inseguridad persisten. “Constatar que estas condiciones no han cambiado resulta especialmente preocupante”, advirtió.
Riesgos para la independencia judicial
La relatora enfatizó que las intimidaciones y presiones contra jueces y fiscales que investigan delitos de corrupción y delincuencia organizada constituyen una injerencia directa en la administración de justicia y socavan el principio de independencia judicial.
Recordó que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen la independencia judicial como un pilar esencial para la protección de todos los derechos humanos.
En ese marco, subrayó que los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros del poder judicial frente a amenazas, acoso, intimidaciones u obstáculos, y de garantizar su vida e integridad personal, especialmente ante riesgos previsibles provenientes de organizaciones criminales.
“La inacción incrementa la vulnerabilidad de los operadores de justicia independientes y debilita el Estado de derecho”, sostuvo la relatora de la ONU.
Pedido de protección de jueces anticorrupción
El pronunciamiento internacional se da luego de que jueces especializados en casos anticorrupción solicitaran medidas de protección, debido a que conocen procesos relacionados con terrorismo, sicariato, delincuencia organizada y crimen transnacional.
Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno de la Función Judicial, mantuvo reuniones con operadores de justicia para expresar su respaldo institucional, en medio de la creciente preocupación por su seguridad.
