La ministra de Energía, Inés Manzano, destacó como un avance positivo para el país el proceso de transición de la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair hacia la empresa PowerChina, subrayando que este cambio representa una oportunidad para resolver problemas que han afectado al proyecto durante 10 años.
Durante una entrevista con Teleamazonas, Manzano enfatizó que este paso se enmarca dentro de un laudo arbitral internacional que ha permitido destrabar un conflicto de larga data. Según explicó, el acuerdo no solo contempla aspectos económicos, sino también compromisos técnicos clave, como la reparación de las fisuras existentes en los distribuidores de la central.
Asimismo, defendió la viabilidad del proyecto a largo plazo, indicando que estudios técnicos estiman una vida útil de aproximadamente 40 años para la hidroeléctrica, desmintiendo versiones que apuntaban a un periodo mucho menor. A su juicio, el interés de PowerChina en asumir la operación y mantenimiento por 25 años respalda esta proyección.
“La verdad es que lo que nos han dicho es que tiene una vida útil de 40 años y existen estudios al respecto”, resaltó.
En términos económicos, señaló que el nuevo esquema permitirá reducir los costos de operación anual en comparación con los gastos actuales, lo que representaría un ahorro para el Estado. Aclaró que al momento CELEC recibe 60 millones anuales para el mantenimiento y operación de la central, mientras que con Powerchina esa cifra sería menor “lo que hemos acordado son 46 millones anuales”.
Además, el acuerdo incluye beneficios derivados del laudo arbitral, 200 millones de dólares en efectivo y otros 200 millones en acceso a financiamiento para proyectos de energía limpia en el Ecuador.
“Es un buen negocio porque es solamente para energía limpia y sobre todo para aquellas cosas que en China son muy buenos, que pueden ser transformadores, paneles solares, entre otras cosas más”, señaló.
La ministra calificó el proceso como una “excelente noticia”, al considerar que no solo resuelve un conflicto de aproximadamente una década, sino que también sienta las bases para una gestión más eficiente y responsable de una de las principales infraestructuras energéticas del país.
Finalmente, insistió en que este nuevo escenario permitirá avanzar en la solución de problemas heredados, al tiempo que fortalece la seguridad jurídica y técnica en la administración de la central.
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