La relación comercial entre Ecuador y Colombia, construida durante más de seis décadas, atraviesa su momento más crítico tras la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de elevar la sobretasa arancelaria a las importaciones colombianas del 50% al 100% desde el 1 de mayo de 2026. El Ejecutivo justifica la medida por la “falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza”, mientras sectores productivos de ambos países advierten que se trata del camino hacia una “muerte económica y social”.
Desde el ámbito empresarial, la reacción ha sido contundente. Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Colombiana (Camecol), calificó la medida como una “estocada final a una muerte anunciada”. Explicó que los USD 1.900 millones en importaciones desde Colombia pasarían a costar USD 3.800 millones, afectando gravemente a la industria, ya que el 60% corresponde a materias primas. “A los productores ecuatorianos que importan materias primas desde Colombia se les hará imposible acceder porque les costará el doble”, advirtió.
En Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, también se encienden las alarmas. Javier Díaz afirmó que un arancel de esta magnitud “cierra cualquier posibilidad de comercio”, mientras unas 450 empresas exportadoras ya registraban caídas en sus ventas. En la frontera, el impacto es evidente: en el Puente Internacional de Rumichaca se observa una drástica reducción del transporte de carga. Carlos Bastidas advirtió que esta política implica “llevarnos al caos, a una crisis, a causar una muerte económica y social”, y Omar Guerrón sentenció que “la gente no aguanta más”, alertando además sobre el aumento del contrabando.
El sector industrial ecuatoriano también expresa preocupación. María-Paz Jervis señaló que desmantelar lo construido en 60 años sería un “retroceso imperdonable” y recalcó que “las diferencias políticas no pueden poner en riesgo la integración”. En la misma línea, el Comité Empresarial Ecuatoriano advirtió sobre la escalada del conflicto y sus graves efectos en el comercio bilateral y regional, insistiendo en que el diálogo urgente es el único mecanismo de solución.
Las críticas también provienen del ámbito político. El expresidente Rafael Correa calificó la decisión como “demencial, arbitraria e ilegal” y aseguró que Ecuador saldrá perdiendo al enfrentarse a la tercera economía latinoamericana. Por su parte, el parlamentario andino Virgilio Hernández cuestionó que Noboa, siendo presidente pro tempore de la CAN, no recurra a los mecanismos del organismo para resolver los problemas de seguridad, en lugar de imponer barreras comerciales.
El impacto de esta crisis también alcanza sectores sensibles como la salud. Andrea Gómez advirtió que Colombia es clave en el abastecimiento farmacéutico de Ecuador y que este manejo diplomático “afecta a todas las áreas, incluida la salud”.
Mientras tanto, Freddy Cevallos considera que una salida podría depender de las elecciones presidenciales de Colombia en julio de 2026. Desde el Gobierno colombiano, el ministro de Energía Edwin Palma rechazó la medida, calificándola como una “clara agresión” y aseguró que “lo del presidente Noboa son puras excusas”.
