Quito, Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), afirmó el martes que «no es tolerable» la concesión a un consorcio extranjero del manejo del campo petrolero Sacha, el más productivo y rentable del país.
«No es posible, no es tolerable», señaló Iza en un video difundido en la red social X y reproducido en medios locales, donde llamó a la lucha para recuperar a Sacha.
«Son tan sinvergüenzas que ni siquiera asumen lo que hicieron», señaló el líder indígena, excandidato presidencial en la primera vuelta de las elecciones generales realizada el pasado 9 de febrero.
Las declaraciones de Iza tienen lugar luego que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó que el Gobierno adjudicó un contrato de participación a favor de un consorcio extranjero, pero rechazó que se trate de su privatización.
Iza adelantó que acudirán a los mecanismos jurídicos nacionales o internacionales, un levantamiento o «lo que sea» para revertir este proceso.
«Mañana retomamos con fuerza y vamos con todo lo que esto significa», afirmó, tras prometer que los campos petroleros son de todos los ecuatorianos y los van a defender en «las circunstancias que sean».
Indicó que los ecuatorianos no pueden aceptar que esto sea normal y pidió no dar «un solo voto a la derecha de (Daniel) Noboa» en la segunda vuelta, prevista para el 13 de abril, cuando el mandatario buscará su reelección para el periodo 2024-2029.
El martes se viralizó en la red social X una denuncia, según la cual existiría un vínculo entre la empresa El Ordeño, de la familia del presidente Noboa, y una de las empresas detrás de la adjudicación del Campo Sacha, al estar registradas ambas en la Superintendencia de Compañías de Ecuador con el mismo número telefónico de contacto, pese a ser entidades distintas, según señaló el diario local Primicias.
La emisora local Radio Pichincha dio a conocer que el abogado Washington Andrade solicitó un acto urgente para que la Fiscalía General del Estado investigue este contrato del Estado y presuntos delitos de peculado, actos de corrupción en el sector privado y traición a la patria.
Según Manzano, se trata de un contrato de participación otorgado al consorcio Sinopetrol, conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L y Petrolia Ecuador S.A. con la promesa de elevar la producción de 77.000 barriles diarios a 100.000.
Indicó que el país recibirá «recursos frescos» por 1.500 millones de dólares, que no están atados al pago de deudas del país, y serán destinados a la inversión social, en particular para la entrega de bonos del Estado a los agricultores y los damnificados por la temporada invernal, entre otros sectores vulnerables.
Un informe de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep), aseveró que «el Estado ecuatoriano dejaría de recibir 2.544 millones de dólares de renta petrolera en un período de 20 años con la operación privada y la oferta presentada, en comparación con lo que recibiría si continuara operando directamente el campo».
Antep apuntó que, si se toma en cuenta el anticipo previsto de 1.500 millones, la pérdida sería de 1.044 millones de dólares.
En tanto, una auditoría extranjera, dada a conocer por el portal Primicias, señaló que el daño para este país andino podría superar los 8.000 millones de dólares.
Con información de Agencia Sputnik
