La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador presentó su Informe de vulneraciones a los Derechos Humanos durante el Paro Nacional (septiembre–octubre 2025), un documento que detalla un patrón sistemático de abusos estatales en el contexto de las protestas convocadas por la CONAIE y otros sectores sociales. El reporte señala que el Gobierno de Daniel Noboa gestionó la protesta con enfoque represivo, estigmatizante y contrario a estándares internacionales.
Centralización del poder y cooptación institucional
El informe identifica que, desde la declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024, el Ejecutivo ha profundizado un proceso de cooptación y centralización del poder, legitimado desde un discurso de seguridad que justifica abusos y reduce el debate democrático.
Entre 2024 y 2025, el Gobierno envió 31 proyectos de ley, varios tramitados de manera irregular como económicos urgentes, modificando 38 cuerpos legales sin relación con su propósito original.
Criminalización de la protesta y uso abusivo del derecho penal
La Alianza documenta la utilización de figuras penales como terrorismo, financiamiento del terrorismo, paralización de servicios públicos y perturbación del orden público para procesar a manifestantes, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
Estas tácticas, señala el informe, buscan asfixiar económicamente, disuadir el disenso y estigmatizar la labor de defensa de derechos.
Violaciones graves: muertes, heridos, detenciones arbitrarias y desapariciones temporales
La organización sostiene que existen razones fundadas para afirmar que, durante el paro, se cometieron violaciones y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas:
- Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
- Dos personas fallecidas por disparos de armas de fuego de la fuerza pública.
- Heridos por impactos de bala, perdigones y bombas lacrimógenas, incluidos adolescentes y transeúntes.
- Detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y agresiones físicas y verbales.
- Obstaculización del trabajo periodístico y hostigamiento a brigadas médicas comunitarias.
El informe también subraya que muchas víctimas no participaban en las manifestaciones, lo que evidencia fallas graves en la gestión democrática de la protesta.
Estados de excepción abusivos y sin control constitucional
El Ejecutivo decretó nueve estados de excepción en 2025, varios sin dictamen de constitucionalidad.
Según la CIDH, esta práctica erosiona la democracia al normalizar la suspensión de derechos y reemplazar el diálogo por la militarización.
Estigmatización y racismo contra pueblos indígenas
El documento denuncia una escalada de discursos de odio contra pueblos indígenas, guardias comunitarias y líderes sociales, reproducidos tanto por autoridades como por ciertos medios.
Estas narrativas —que asocian la protesta con terrorismo y crimen organizado— profundizan la discriminación estructural y buscan justificar la represión.
Ataques al espacio cívico y a organizaciones sociales
El informe alerta sobre un deterioro acelerado del espacio cívico, con:
- Cierre de organizaciones.
- Amenazas de congelación de cuentas sin orden judicial.
- Investigaciones penales basadas en denuncias anónimas.
- Vigilancia estatal a defensores de derechos humanos.
El patrón, señala la Alianza, se vincula también a la agenda extractivista y a la presión sobre territorios indígenas.
Conclusión: patrón sistemático de abusos
La Alianza advierte que la respuesta estatal al paro nacional refleja una crisis estructural de derechos humanos, caracterizada por:
- Estigmatización oficial.
- Militarización de la protesta.
- Criminalización del disenso.
- Falta de diálogo.
- Vulneración a los derechos colectivos y de la naturaleza.
El informe concluye que este patrón amenaza la democracia y coloca a defensores, periodistas, líderes sociales e indígenas en una situación de alto riesgo, que se profundiza ante la ausencia de controles efectivos y la inacción de la Corte Constitucional. Fin
