Quito, 17 de julio de 2025. – Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y uno de los funcionarios que gestionó los polémicos contratos con la empresa PROGEN durante la emergencia energética de 2024, dejó su cargo como Viceministro de Electricidad tras nueve meses de gestión.
Su salida ocurre en momentos en que la Contraloría General del Estado ha emitido informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) contra varios funcionarios públicos que participaron en la contratación de generación térmica de emergencia, marcada por retrasos, falta de garantías y promesas incumplidas.
Una fuente reservada confirmó a La Defensa que, según consta en el sistema oficial de gestión documental QUIPUX, Fernando Rubén Pullupaxi Masabanda ha sido designado como Viceministro de Electricidad Encargado, aunque hasta el momento no existe un anuncio formal por parte del Gobierno Nacional.
Asimismo, este medio conoció que Byron Orozco, exgerente de la Unidad de Negocio Termopichincha de CELEC, quien gestionó directamente la invitación a PROGEN a pesar de la falta de garantías técnicas y financieras, ahora ocupa el cargo de Subgerente de Estudios Encargado dentro de la misma institución.
El primer informe de auditoría de la Contraloría, correspondiente al contrato con la empresa ATM, ya estableció graves irregularidades. Este sería el detonante principal de la salida de Calero del Viceministerio, aunque desde el Ejecutivo no se ha emitido ningún comunicado oficial explicando la remoción ni detallando posibles consecuencias legales o administrativas para los implicados.
Todavía está pendiente la publicación del informe de auditoría sobre los contratos suscritos con PROGEN, empresa que debía suministrar energía térmica durante la crisis energética de 2024, pero que no cumplió con lo acordado. El resultado de ese informe podría comprometer aún más a varios exfuncionarios y reforzar la necesidad de asumir responsabilidades.
La falta de transparencia en los cambios de autoridades y la permanencia de funcionarios cuestionados en nuevos cargos refuerzan la percepción de falta de control institucional y alimentan la crítica sobre la gestión de la crisis energética en el país.
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