Quito, 20 jun (Sputnik).- Luisa González, excandidata presidencial en Ecuador en 2023 y 2025, y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierdista), denunció este viernes un intento de vincularla con José Adolfo Macías (alias Fito), líder de la banda delincuencial Los Choneros, deportado a EEUU.
«Me llegan nuevas alertas (que) desde el Gobierno con Fiscalía están armando un caso, en donde me quieren vincular a mí con Fito y con la banda de Los Choneros», señaló González en un mensaje en video difundido en su cuenta de la red social X.
Reveló que tuvo conocimiento que el ministro del Interior, John Reimberg, señaló en una reunión hace un mes en la Gobernación de la provincia de Manabí (noroccidente) que ella no sería candidata a la Prefectura, en las elecciones seccionales de noviembre próximo, porque si no lograban quitarle sus derechos políticos, iba a ser apresada.
Relató que este mes ha transcurrido entre alertas y amenazas contra su vida y sus derechos.
«Ahí, a quien le hablo es a ustedes, al pueblo ecuatoriano: jamás en mi vida me he sentado, he conocido o he hablado, o he tenido algún contacto con ningún miembro de esa banda, peor con el señor Fito o con nadie de su círculo cercano. El que sí se ha sentado ha hacer videollamadas son otros, ¿verdad, señor Reimberg?», apuntó González.
Enfatizó que «jamás» ha tenido ningún vínculo con ninguna banda ni ningún delincuente y por eso se ha mantenido firme, mientras el Gobierno busca «robar la democracia» y «perseguir o encarcelar a todos aquellos que pueden ganarles en las urnas».
A inicios de este mes de junio, González, con la solidaridad de integrantes de la RC logró pagar una multa de 18.000 dólares impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral presuntamente a causa de irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023, aunque la calificó de injusta.
La política había adelantado desde antes del inicio del proceso electoral que aspiraría a la Prefectura de Manabí, de donde es oriunda; sin embargo, la RC fue suspendida de forma temporal, durante nueve meses, del registro oficial de organizaciones políticas, a causa de investigaciones en marcha contra integrantes de esa agrupación.
El movimiento izquierdista indicó que próximamente anunciará con qué organización política podría aliarse para presentar candidatos a prefectos, alcaldes, concejales e integrantes de las Juntas Parroquiales, con vista a las votaciones del 29 de noviembre próximo.
En tanto, el Movimiento Construye (centroderecha) fue eliminado del registro de organizaciones políticas por falta de adherentes para mantenerse vigente, mientras, el Partido Unidad Popular, que fue denunciado por la misma causa, logró conservar su inscripción.
El Consejo Nacional Electoral sancionó por seis meses de suspensión de derechos al alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zambrano, del partido Izquierda Democrática, por presunta violencia política de género.
También el alcalde de la ciudad de Portoviejo, Javier Pincay, ganador por la alianza Avanza-Movimiento Machete (centroderecha), el Tribunal Contencioso Electoral lo había sancionado a dos años de suspensión de derechos por una infracción electoral grave, debido a ausencias injustificadas a debates electorales en 2023, pero le redujo la medida a solo seis meses, lo cual lo aleja de la posibilidad de ser reelecto.
Por otra parte, el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, del movimiento RETO y quien ganó en alianza con la RC, se encuentra en una cárcel de máxima seguridad sin sentencia ejecutoriada.
Álvarez, aunque conserva sus derechos políticos y no existe una sentencia ejecutoriada, podría afrontar el obstáculo de no poder acudir presencialmente a aceptar su candidatura en los plazos establecidos para ello. (Sputnik)
