Esta columna fue escrita por las columnistas invitadas Viviana Idovro y María Espinosa Villegas.
La imagen del presidente de una república encabezando una marcha contra su propio tribunal constitucional debería encender todas las alarmas en cualquier democracia. Lo ocurrido el 12 de agosto en Quito, donde el presidente Daniel Noboa lideró una manifestación frente a la Corte Constitucional de Ecuador (CCE), no es un mero incidente local; es un síntoma preocupante de una tendencia regional que amenaza los cimientos de nuestro sistema democrático.
La cronología de los hechos en Ecuador es familiar para muchos en nuestra región. Tras la suspensión provisional por parte de la Corte Constitucional CCE de 17 disposiciones clave en tres leyes impulsadas por el gobierno —normas que abrían la puerta a la militarización sin control, indultos anticipados a fuerzas de seguridad y la interceptación de comunicaciones sin autorización judicial, además de criminalizar y estigmatizar a defensores de derechos humanos— la reacción del Ejecutivo fue inmediata y desproporcionada.
El Ejecutivo impulsó estas leyes abusando del procedimiento célere establecido en la Constitución solamente para proyectos de urgencia económica y en menos de dos meses la CCE ha recibido más de treinta demandas de inconstitucionalidad suscritas por la sociedad civil: organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, sindicales, indígenas, gremios de abogados, ciudadanos y ciudadanas del país.
En lugar de defender sus leyes en el marco institucional, el gobierno inició una campaña de desprestigio y polarización. La CCE fue calificada públicamente por una ministra como un “organismo enemigo de la ciudadanía”, un lenguaje peligroso que busca deslegitimar a un pilar fundamental del Estado. El llamado a una consulta popular para someter a juicio político a los jueces de la Corte, junto con una marcha masiva —encabezada por el propio presidente y su gabinete— que denunciaba a “nueve personas entronizadas” por “tirar abajo las leyes que le pueden dar seguridad” a la gente, revela una estrategia clara: amedrentar al poder judicial para someterlo a la voluntad del Ejecutivo.
Resulta irónico que, mientras se arguye la necesidad de estas leyes para combatir la “inseguridad y el crimen organizado”, Ecuador haya registrado las peores cifras de asesinatos en su historia reciente, con un aumento del 22% en el primer semestre de 2025 respecto al año anterior, que ya era el más violento. Esto sugiere que la efectividad de las medidas no es el único factor en juego, y que la narrativa de seguridad puede estar siendo utilizada para justificar la concentración de poder.
La Corte Constitucional, o cualquier tribunal de alta jurisdicción en nuestros países, no es un adversario del pueblo. Su rol es asegurar que ninguna ley o acción del poder, por más bien intencionada que se presente, vulnere la Constitución y los derechos fundamentales que ella consagra. Cuando un gobierno busca controlar o sancionar la acción judicial, está intentando eliminar el contrapeso democrático más importante. Sin un control de constitucionalidad independiente, eficiente y riguroso, el camino hacia la concentración de poder y el gobierno por la arbitrariedad se allana peligrosamente.
Las voces de alerta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Relatoras Especiales de la ONU, y de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, respaldan esta preocupación. Sus llamados al respeto de la independencia judicial en Ecuador resuenan con la urgencia de preservar la democracia y los derechos en toda la región.
Lo que sucede en Ecuador es un espejo para toda América Latina. Nuestras democracias, dependen de la fortaleza de sus instituciones y del respeto irrestricto al Estado de Derecho. Atacar a los tribunales constitucionales, amedrentar a sus jueces y buscar su subordinación es una táctica que ha precedido a la erosión de las libertades y a la consolidación de regímenes autoritarios.
Es imperativo que la sociedad civil latinoamericana, los gremios de abogados, las universidades, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, estemos vigilantes y nos alcemos en defensa de la independencia judicial. Ella no es un privilegio de “nueve personas”, sino la garantía de nuestros derechos, de nuestra libertad de empresa, de nuestra libre competencia, y de un Estado que opera bajo la ley y no bajo el capricho. Defender a nuestras Cortes Constitucionales es, en esencia, defender la democracia de la que tanto nos ha costado dotarnos. Que el caso ecuatoriano sirva de alerta y de llamado a la acción.
Fuente: La Silla Vacía
