Quito, mayo de 2025. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dejó oficialmente su cargo este día, tras ejercerlo de forma prorrogada desde marzo. Su salida no pasó desapercibida: el expresidente Rafael Correa, una de sus principales figuras críticas, publicó una dura declaración en su cuenta de X, en la que la acusó de haber “destrozado la justicia del país” y de ser parte central del lawfare contra dirigentes progresistas.
“Esta señora ha sido pieza clave y amoral del lawfare que destruyó la Patria”, escribió Correa, quien también la señaló por archivar causas contra el expresidente Guillermo Lasso, no actuar en el caso INA Papers vinculado a Lenín Moreno, y por llamar a juicio a personas “inocentes” en los casos Ligados y Reconstrucción.
Diana Salazar asumió el cargo en abril de 2019 y su mandato debía culminar en 2025, pero por falta de designación oportuna de su reemplazo, se mantuvo en funciones prorrogadas.
Su figura ha estado marcada por una fuerte polarización, especialmente con el correísmo, que la acusa de parcialidad y subordinación a intereses externos.
Salazar no ha emitido declaraciones públicas tras su salida, ni el Consejo de Participación Ciudadana ha informado aún sobre el proceso de reemplazo. La vacante reabre el debate sobre la independencia de la justicia en Ecuador y el futuro de casos judiciales sensibles en el país.
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