La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció nuevas limitaciones en el ejercicio de su derecho a la defensa dentro del proceso judicial que enfrenta. Su abogado, Ramiro García, señaló que durante varios días no se permitió una comunicación directa y oportuna entre el procesado y su equipo jurídico, lo que ha afectado la construcción de su estrategia legal.
Según explicó la defensa, desde el jueves pasado —cuando la Sala Provincial Anticorrupción dejó sin efecto la prisión preventiva de varios procesados— no se atendieron reiterados pedidos de reunión telemática con el alcalde. El contacto se logró únicamente tras insistentes gestiones, lo que evidenciaría, a criterio del abogado, obstáculos en el acceso a su defendido.
El equipo legal sostiene que estas dificultades no son aisladas, sino parte de una serie de vulneraciones al derecho a la defensa. Además, cuestiona las condiciones en las que se desarrollan las reuniones, ya que deben realizarse a través de un vidrio, sin privacidad y bajo vigilancia policial, lo que impide una comunicación confidencial.
A esto se suma la restricción para ingresar documentación que debe ser revisada y firmada por el alcalde, lo que obstaculiza actuaciones propias de la defensa técnica. La defensa recalca que la comunicación reservada entre abogado y cliente es una garantía constitucional y un estándar internacional, por lo que insiste en que se restablezcan condiciones adecuadas para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
