Quito, El Comité Internacional por la Libertad del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2018) rechazó la negativa del gobierno de su país para que el exfuncionario fuera visitado el fin de semana pasado en la cárcel de máxima seguridad «La Roca» (suroeste) y responsabilizó al presidente Daniel Noboa por la integridad del recluso.
«Seguiremos exigiendo el respeto a su estatus de asilado diplomático y el otorgamiento del salvoconducto para que recupere su libertad plena», dijo el Comité Internacional en un comunicado difundido en la red social X.
La entidad insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a redoblar esfuerzos para realizar prontamente una visita al exfuncionario, quien fue llevado a ese penal tras su captura en la embajada de México en abril de este año.
El comité expresó su indignación tras no haber recibido un permiso para hacer una visita humanitaria a Glas y señaló que este es un derecho fundamental que le fuera denegado pese a que se gestionaron los permisos ante el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) .
«Esta negativa, lejos de ser un hecho aislado, evidencia una vez más la persecución política y judicial que Jorge Glas ha enfrentado sistemáticamente», dice el comunicado.
En el comunicado se exige «de manera inmediata» el permiso de ingreso a la prisión para que el médico Edison Barreto Zambrano, miembro de la comisión médica solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022, haga una evaluación al recluso.
«La defensa internacional presentó la solicitud formal el 29 de agosto, sin que hasta la fecha se haya autorizado, a pesar de las gestiones reiteradas realizadas por la Defensoría del Pueblo», agrega la denuncia.
El exvicepresidente durante el segundo mandato de Rafael Correa (2007-2017) cumplió 6 años de cárcel de una condena en su contra por el caso Odebrecht por presunta asociación ilícita y por el caso Sobornos 2012-2016 por supuesto cohecho, relacionado con el financiamiento ilícito a su organización política.
Sin embargo, actualmente es investigado por un presunto peculado mientras ejercía la función de presidente del Comité para la Reconstrucción de la provincia de Manabí, tras el terremoto de 2016.
Al considerar una persecución política en su contra, el político ingresó a fines de 2023 en la embajada mexicana, donde fue sacado por la fuerza pública el 5 de abril de este año.
La defensa alega que su salud física y mental empeora cada día.
Con información de Agencia Sputnik
