La Cámara Nacional de Acuacultura alerta sobre paralización de actividades, retrasos en exportaciones y riesgos para el empleo. El Gobierno anuncia el fin de las desconexiones desde el 1 de noviembre, pero aún no existen certezas sobre su cumplimiento.
Quito, 23 de octubre de 2026.— La crisis eléctrica vuelve a trasladar sus costos al sector productivo ecuatoriano. Las restricciones de suministro, que alcanzan hasta 72 horas semanales y podrían extenderse a cuatro días según las advertencias empresariales, están provocando interrupciones de la producción, dificultades para cumplir compromisos de exportación y preocupación por la estabilidad del empleo.
El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), José Antonio Camposano, cuestionó la magnitud de los racionamientos y advirtió que las empresas enfrentan crecientes dificultades para mantener sus operaciones.
«Esta medida asfixia a las empresas y dificulta la organización del trabajo», expresó el dirigente empresarial al rechazar las restricciones eléctricas.
En medio de los cuestionamientos, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, anunció que las industrias de alto voltaje AV1 y AV2 dejarán de cumplir las desconexiones de 72 horas a partir del 1 de noviembre.
Sin embargo, se trata de un anuncio gubernamental, no de una solución ejecutada. Hasta ahora no se han presentado garantías públicas suficientes sobre la disponibilidad de energía que permitiría restablecer plenamente las actividades industriales ni sobre la sostenibilidad de esa medida.
Las pérdidas de producción se acumulan con cada hora sin electricidad
Los racionamientos eléctricos afectan directamente la capacidad de las empresas para producir, procesar mercancías y cumplir los plazos de entrega.
El problema no se limita al tiempo de desconexión. Las industrias deben reorganizar turnos, detener equipos, modificar procesos y asumir costos adicionales para intentar mantener sus operaciones.
En el caso del sector camaronero, las consecuencias alcanzan diferentes eslabones de la cadena productiva: piscinas de cultivo, laboratorios, fábricas de alimento balanceado, plantas procesadoras, empacadoras y empresas exportadoras.
Según información difundida por Ecuavisa el 18 de octubre, Camposano reportó el caso de empacadoras que dejaron de procesar 150.000 libras de camarón durante una noche, debido a problemas relacionados con el suministro eléctrico.
Este ejemplo permite dimensionar las afectaciones operativas, aunque no constituye una estimación de las pérdidas económicas totales del sector.
La Cámara Nacional de Acuacultura también ha advertido que la utilización de generadores propios no siempre permite compensar las restricciones, debido a sus costos y limitaciones técnicas.
El empleo enfrenta riesgos por la paralización de las industrias
La reducción de las horas de funcionamiento de las empresas genera preocupación por sus posibles consecuencias laborales.
Cuando una planta suspende actividades, no solo disminuye su producción. También puede alterar los turnos de trabajo, limitar la contratación temporal, reducir las jornadas disponibles y afectar a proveedores y servicios vinculados.
En la actividad acuícola, las interrupciones pueden repercutir en trabajadores de plantas procesadoras, transporte, logística, mantenimiento y otras actividades relacionadas con las exportaciones.
La advertencia empresarial sobre el empleo es relevante, pero todavía no existe una cifra oficial verificada de puestos de trabajo perdidos directamente por los racionamientos de octubre.
Por tanto, corresponde distinguir entre los riesgos laborales denunciados por los gremios y los despidos efectivamente registrados.
El impacto final dependerá de la duración de las restricciones y de la capacidad financiera de las empresas para sostener sus operaciones.
Cámara de Acuacultura cuestiona la falta de respuestas del Gobierno
José Antonio Camposano sostuvo que la CNA ha presentado alternativas para organizar las actividades empresariales y reducir los efectos de las desconexiones.
Sin embargo, aseguró que no ha encontrado apertura suficiente de las autoridades para analizar las propuestas.
El dirigente también cuestionó la posibilidad de ampliar los racionamientos a cuatro días semanales, equivalentes a 96 horas sin suministro de la red pública.
De concretarse, esta ampliación significaría una reducción todavía mayor del tiempo disponible para producir y cumplir compromisos comerciales.
La aplicación generalizada de ese esquema de 96 horas no ha sido confirmada mediante una disposición oficial consultada, por lo que debe distinguirse de las restricciones de 72 horas ya reportadas.
¿Quién asumirá las pérdidas provocadas por los cortes eléctricos?
Otra interrogante es el costo económico que ya han soportado las empresas.
Los racionamientos pueden traducirse en producción no realizada, mayores gastos operativos, retrasos de exportación y pérdida de oportunidades comerciales.
Neira adelantó que el Gobierno anunciará medidas de alivio financiero para los sectores afectados por la crisis eléctrica.
Sin embargo, no precisó los montos, mecanismos, requisitos ni beneficiarios.
Tampoco se ha informado si esas medidas contemplarán compensaciones por pérdidas productivas, acceso a financiamiento o facilidades para las empresas que debieron recurrir a generación propia.
Mientras no se conozcan esos detalles, las industrias continúan afrontando los costos inmediatos de las restricciones sin una respuesta económica claramente definida.
Una crisis energética que continúa afectando la competitividad de Ecuador
Las restricciones industriales de octubre vuelven a evidenciar las dificultades estructurales del sistema eléctrico ecuatoriano.
La dependencia de la generación hidroeléctrica, las variaciones en los caudales, la necesidad de incrementar la capacidad de generación y las limitaciones para cubrir la demanda siguen representando desafíos para la seguridad energética.
La recuperación de los niveles de los embalses puede mejorar temporalmente la disponibilidad de electricidad, pero no sustituye las inversiones y medidas necesarias para garantizar un suministro estable.
Para las empresas exportadoras, la incertidumbre energética también representa un problema de competitividad: producir con interrupciones dificulta planificar costos, mantener entregas regulares y responder a las exigencias de los mercados internacionales.
El desafío inmediato del Gobierno no consiste únicamente en anunciar el fin de los cortes el 1 de noviembre, sino en demostrar que podrá cumplirlo y sostener el abastecimiento.
Mientras tanto, la producción afectada no se recupera automáticamente, los costos empresariales continúan acumulándose y persiste la preocupación por el empleo.
Imagen: captura de pantalla Ecuavisa
FIN
Contenido elaborado con apoyo de inteligencia artificial, a partir de información proporcionada y verificada por la redacción.
