Quito, 23 oct (Sputnik).- La detención en Ecuador de la excandidata presidencial (2023-2025) Luisa González, el jueves, desató una ola de denuncias contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa, por presunta persecución política contra sus adversarios políticos, a pocas semanas de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
Los denunciantes sostienen que el arresto forma parte de una estrategia para restringir la participación electoral de sus adversarios y concentrar el poder político e institucional.
«Los hechos son una retaliación política de parte de Noboa, quien ha tenido comportamientos dictatoriales al anular los contrapesos democráticos en el Ecuador», afirmó a la Agencia Sputnik el legislador del movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), Héctor Rodríguez.
En su opinión, el arresto de González, quien presidió la RC (organización política liderada por el expresidente Rafael Correa) entre 2023 y 2026, forma parte de una estrategia para restringir la participación de las fuerzas opositoras en los comicios.
Para el legislador, la detención no constituye un hecho aislado, sino que responde a un proceso de concentración del poder político e institucional que, a su juicio, busca reducir la competencia electoral.
«Se han anulado los contrapesos y gobierna un partido único que pretende en las elecciones seccionales, donde se eligen a autoridades como alcaldes y prefectos, correr sin competencia electoral», afirmó.
González había inscrito su candidatura a la prefectura de Manabí mediante una alianza con el movimiento Pachakutik, después de la suspensión de RC, que le impide presentar candidaturas propias, por lo cual quedó fuera de la contienda electoral.
En declaraciones a la Agencia Sputnik, la exparlamentaria por la RC Gisela Garzón cuestionó el arresto de la líder política frente a su hijo menor y el hecho que durante las primeras horas posteriores los abogados no habían logrado establecer contacto con ella ni obtener información suficiente sobre su situación jurídica.
Tras conocerse de la detención, la RC denunció lo que calificó de un secuestro y anunció una movilización para exigir la liberación de González.
ACTUACIONES JUDICIALES CUESTIONADAS
Garzón vinculó la detención de González con las actuaciones judiciales contra el exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018) y del alcalde de la ciudad portuaria de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ambos recluidos en la cárcel de máxima seguridad llamada El Encuentro.
«Las cárceles se están utilizando como mecanismo de campaña electoral», afirmó Garzón en declaraciones a la Agencia Sputnik.
A su juicio, estas actuaciones se producen mientras Ecuador atraviesa una crisis de seguridad, problemas de abastecimiento eléctrico y un deterioro de servicios públicos, ante los cuales el Gobierno respondería profundizando la confrontación con sus adversarios.
Garzón también cuestionó la relación del Ejecutivo con EEUU y sostuvo que el respaldo de Washington influye en el escenario político interno.
«El Gobierno del Ecuador no está tan envalentonado por sí solo. Se siente parte del Escudo de las Américas y de los protegidos de Donald Trump», manifestó.
En su opinión, en este caso se ha evidenciado «no solo el deterioro institucional que está viviendo el Ecuador, sino de cómo las instituciones todas funcionan alrededor de los intereses electorales del gobierno de turno».
Dirigentes de otras organizaciones políticas se sumaron a las denuncias de la RC, entre ellos el director nacional del Partido Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, quien cuestionó las actuaciones judiciales y electorales contra sectores opositores.
«No podemos permitir que se consolide una dictadura», afirmó el dirigente en rueda de prensa conjunta.
El parlamentario Rodríguez acusó al Ejecutivo de ejercer influencia sobre organismos de justicia y control, entre ellos la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
También denunció presuntas vulneraciones de derechos humanos, restricciones a las libertades de asociación y movilidad y hostigamiento contra periodistas.
«Esto configura un escenario de autoritarismo exacerbado y que en puerta de las elecciones ya demandan acciones de la comunidad internacional», advirtió.
CASO LABERINTO
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el caso Laberinto investiga presuntas irregularidades en los aportes económicos y gastos de publicidad durante la campaña presidencial de 2023, en la que González disputó la Presidencia frente a Noboa.
La FGE indicó que fueron arrestados tres de los siete ciudadanos bajo investigación y contra quienes se formularán cargos en las próximas horas, entre estos el exparlamentario de la RC Santiago Díaz, quien se encuentra en prisión por el delito de violación a una menor de edad, y Estefanía Molina, vinculada al manejo económico de la campaña.
También se ha mencionado al excandidato vicepresidencial Andrés Arauz.
La Fiscalía sostiene que las diligencias buscan determinar el origen lícito de los recursos electorales e identificar posibles inconsistencias en los aportes y gastos de campaña.
Desde su cuenta en la red social X, González rechazó las acusaciones y calificó su detención como un episodio de persecución política.
«Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda. Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad del Ecuador y un futuro mejor para el país», señaló en un comunicado.
Según Gabriela Rivadeneira, dirigente nacional de la RC, los hechos investigados ya habrían sido juzgados y González habría pagado la multa impuesta.
«Este proceso no es nuevo. La Fiscalía ha decidido cambiarle de nombre, pero es un proceso por el cual en mayo de este año la Revolución Ciudadana como organización política fue suspendida», afirmó Garzón.
González también figura en el caso Caja Chica, otra investigación sobre el presunto ingreso de recursos ilícitos procedentes de Venezuela para financiar la campaña presidencial de la RC en 2023.
En enero de 2026 ya había sido allanada la vivienda de la líder política, como parte de ese expediente y, posteriormente, intervino la sede de Revolución Ciudadana en Quito para recopilar documentación.
La dirigente nacional de la RC calificó la detención de un secuestro; exigió garantías para la integridad física y psicológica de González y anunció movilizaciones para reclamar su liberación.
La organización también anunció que solicitará medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y trasladará sus denuncias a otras instancias internacionales. (Sputnik)
