La Comisión de Mesa advirtió que limitar el acceso del alcalde Aquiles Alvarez a su defensa técnica podría dejar en riesgo la legitimidad del proceso de remoción
El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sumó un nuevo capítulo de tensión política y jurídica.
La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio alertó que impedir el contacto entre el personero municipal y su equipo legal podría afectar la validez del procedimiento que actualmente se tramita.
La advertencia surge luego de que la defensa técnica de Alvarez denunciara dificultades para reunirse con el alcalde y preparar su estrategia jurídica dentro del proceso impulsado en el Cabildo porteño.
La Comisión insistió en que el derecho a la defensa constituye una garantía constitucional indispensable y que cualquier restricción podría derivar en cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso de remoción.
Comisión pidió al SNAI garantizar reunión confidencial
A través de un pronunciamiento oficial, la Comisión informó que solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) permitir, de forma inmediata, una reunión entre Aquiles Alvarez y su defensa técnica.
El pedido incluye que dicho encuentro se desarrolle “sin ningún tipo de censura y en forma plenamente confidencial”, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales del alcalde.
Según la Comisión, impedir el contacto entre una autoridad procesada y sus abogados no puede interpretarse como una simple limitación administrativa, sino como una afectación directa al derecho a la defensa.
La Comisión advierte riesgo de indefensión
La instancia municipal sostuvo que la falta de acceso a la defensa técnica podría colocar a Aquiles Alvarez en estado de indefensión y comprometer la validez jurídica del proceso de remoción.
Además, recordó que el debido proceso exige que cualquier autoridad sometida a un procedimiento administrativo pueda ejercer una defensa adecuada y oportuna.
La Comisión también solicitó facilitar la suscripción de una autorización legal para que los abogados del alcalde puedan actuar formalmente como apoderados dentro del proceso, conforme establece el artículo 336 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
El origen del pronunciamiento contra el SNAI
El pronunciamiento de la Comisión surge tras un escrito presentado el pasado 18 de mayo por la defensa técnica de Aquiles Alvarez.
En ese documento, los abogados aseguraron que, pese a múltiples gestiones realizadas ante el SNAI, no han logrado concretar una reunión con su patrocinado para preparar adecuadamente la estrategia jurídica dentro del proceso de remoción.
La situación ha generado preocupación dentro del Municipio de Guayaquil debido a las implicaciones legales y políticas que podría tener un eventual cuestionamiento al debido proceso.
Proceso de remoción mantiene atención política en Guayaquil
El caso contra Aquiles Alvarez continúa generando expectativa en el escenario político nacional, especialmente por el impacto institucional que tendría una eventual remoción del alcalde de Guayaquil.
Juristas y sectores políticos han señalado que cualquier irregularidad procesal podría derivar en impugnaciones posteriores e incluso en acciones judiciales relacionadas con la legalidad del procedimiento.
Mientras tanto, la Comisión de Mesa insiste en que el respeto a las garantías constitucionales será clave para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso.
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Con información de – El Universo
