Ecuador instaló el miércoles la audiencia del primer juicio en el país por el presunto delito de lesa humanidad contra seis exjefes militares que ejercieron sus funciones durante el Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), por la represión contra tres integrantes del movimiento guerrillero «Alfaro Vive Carajo».
«La Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece probar, con base en las pruebas que se presentarán durante el juicio, que existió una estructura estatal sistemática, como una política de Estado, direccionada al combate del «enemigo interno», señaló la entidad pública en un informe sobre este proceso difundido en la red social X.
El caso a juicio es denominado «Vaca, Cajas, Jarrín» y guarda relación con presuntos delitos cometidos tras la captura, sin orden judicial, el 10 de noviembre de 1985, de Luis Alberto Vaca Jácome, Susana Valeria Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez en la provincia de Esmeraldas (noroeste), por parte de personal militar.
Vaca, Cajas y Jarrín fueron llevados al Batallón Escuela de Ingenieros N.° 1 «Montúfar» y al día siguiente de su detención se les trasladó al Batallón de Inteligencia Militar (AEIM), de Conocoto, en el sur de Quito, donde permanecieron en custodia militar y sufrieron interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas, y tratos crueles, durante 16 días.
Aunque las autoridades de la época negaron las detenciones, la Fiscalía confirmó a través de reportes de Inteligencia que los hechos narrados sí ocurrieron.
Por este caso serán juzgados los implicados en los presuntos delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada contra Vacas, Cajas y Jarrín, integrantes del movimiento guerrillero.
Los investigados son Luis Eduardo Piñeiros, ministro de Defensa (1984 -1986); Manuel Marcelo Delgado, director de Inteligencia del Ejército (1987-1988); Juan Raúl Viteri, Comandante del AEIM (1984-1987); Mario Ricardo Apolo, comandante del AEIM (1987-1990) ; Nelson Bolívar Enríquez, jefe de la Unidad de Contrainteligencia Quito (CIQ), órgano operativo del AEIM. y Fernando Ignacio Ron, médico del AEIM (1984 -1987).
El caso Vaca-Cajas-Jarrín se inició judicialmente en octubre del 2013 y en marzo de 2014 la jueza de la Corte Nacional Lucy Blacio emitió su llamado a juicio, pero tras 10 años de diferimientos, finalmente se da paso al proceso judicial.
Vaca, quien falleció en 2021, permaneció retenido durante dos años bajo custodia militar, hasta que fue liberado; en tanto Jarrín y Cajas fueron liberados tras cumplir cárcel igualmente.
«Me considero víctima porque fui violentada sexualmente, fui vejada. Fui detenida arbitrariamente por militares. Fui torturada, conducida a recintos militares sin ninguna orden judicial y así permanecí 15 días», afirmó Cajas en esta primera sesión del juicio.
Según relató, estuvo detenida durante dos años acusada de falsificación de documentos y posteriormente recobró su libertad.
Jarrín también compareció en este juicio vía telemática desde Brasil, donde narró las vejaciones a las que fueron sometidos, y en particular en su caso cuatro torturadores le ponían dos cables eléctricos en sus pulgares para dañarlo con las descargas eléctricas, mientras se burlaban de él cuando saltaba para evitar los corrientazos.
En 2010 el informe de la Comisión de la Verdad reportó la existencia en el Ecuador de 118 casos -incluidos los casos Vaca, Cajas y Jarrín- donde se presume que ocurrieron delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos, entre los años 1984 y 2008.
Dicho informe señaló que estos casos afectaron a 456 víctimas de detención arbitraria, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y homicidio, al tiempo que permitió identificar a 460 presuntos responsables, en su mayoría miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado, la FGE indicó que esta estas prácticas ocurrieron en el país bajo doctrinas surgidas en América Latina entre décadas de 1970 y 1980, legitimando estructuras especializadas de inteligencia, operaciones encubiertas, recopilación y archivo de información sobre civiles, detenciones clandestinas y técnicas de interrogatorio físico y psicológico.
Según el fiscal general en funciones, Carlos Alarcón, en esa época, en Ecuador se articuló un aparato estatal de instancias militares y policiales que actuaban de manera clandestina, bajo órdenes del más alto nivel jerárquico del Estado.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente en el país sanciona los delitos considerados de lesa humanidad con una pena de 26 a 30 años de privación de libertad.
