Un grupo de 80 docentes universitarios e investigadores de más de veinte universidades de Ecuador y del exterior difundió una carta pública en la que advierten sobre una ruptura del orden democrático en el país y cuestionan lo que califican como una concentración de poder en el gobierno del presidente Daniel Noboa.
En el documento, los académicos señalan que la situación política actual refleja un deterioro del Estado de derecho, con restricciones a las libertades políticas, presiones contra la oposición y uso del aparato judicial para neutralizar adversarios políticos.
Académicos denuncian ruptura del orden democrático
La carta, titulada “A todo el Ecuador: Carta pública de docentes universitarios e investigadores en defensa de la democracia”, fue firmada por profesores de universidades públicas, privadas y extranjeras.
En el documento, los firmantes sostienen que desde la reelección de Noboa en 2025 se ha configurado un proceso de concentración de poder en el Ejecutivo, acompañado de la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento de los controles institucionales.
Según los académicos, estas prácticas han generado un deterioro progresivo del pluralismo político, así como restricciones a la participación democrática y al ejercicio de la crítica pública.
Los firmantes advierten que lo que inicialmente fue presentado como una agenda para restaurar el orden ha derivado en mecanismos de control y coerción incompatibles con el Estado de derecho.
Preocupación por persecución política y uso de la justicia
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la preocupación por el uso del sistema judicial en el escenario político.
Los académicos cuestionan lo que califican como proscripción de la principal fuerza de oposición democrática, en referencia al movimiento Revolución Ciudadana.
Según la carta, estas acciones vulnerarían principios constitucionales relacionados con el pluralismo político y el derecho a la participación.
También mencionan como ejemplo la detención del alcalde de Guayaquil, señalando que el procedimiento presenta irregularidades jurídicas y refuerza las preocupaciones sobre el uso selectivo del aparato penal del Estado.
Para los firmantes, estos hechos reflejan un patrón de utilización de instituciones judiciales y administrativas para neutralizar adversarios políticos, lo que consideran incompatible con un sistema democrático.
Hostigamiento a organizaciones sociales y periodistas
La carta también alerta sobre un clima creciente de hostigamiento contra organizaciones sociales, dirigentes indígenas, ambientalistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
De acuerdo con el pronunciamiento, estas presiones incluyen amenazas, procesos judiciales y acciones que buscan limitar la movilización social y la libertad de expresión.
Los académicos sostienen que este contexto debilita los espacios de deliberación pública y afecta el ejercicio legítimo de la crítica política.
Asimismo, cuestionan la postura del gobierno frente a los resultados de recientes consultas populares, entre ellas la relacionada con el bloque Yasuní-ITT, señalando que desconocer la voluntad popular atenta contra los fundamentos de la democracia.
Llamado a restablecer garantías democráticas
En la parte final de la carta, los docentes e investigadores exhortan al gobierno nacional a restablecer los mínimos democráticos necesarios para la convivencia política y social en el país.
Entre las medidas planteadas destacan:
- Respeto al pluralismo político y a la participación de todas las fuerzas políticas.
- Apego al Estado de derecho y a las garantías del debido proceso.
- Reconocimiento de los resultados electorales y de la soberanía popular.
- Garantía plena del derecho a la resistencia y la libertad de expresión.
- Restablecimiento del equilibrio entre los poderes del Estado.
Los firmantes advierten que Ecuador atraviesa una crisis multidimensional —económica, social, de seguridad y ambiental—, que requiere acuerdos amplios y soluciones dialogadas entre el gobierno y la sociedad.
“La concentración del poder y el debilitamiento de las reglas democráticas no ofrecen una salida sostenible a la crisis”, señalan en el documento.
El pronunciamiento de los académicos se produce en medio de un clima político marcado por tensiones entre el gobierno y sectores de oposición, así como por cuestionamientos a decisiones judiciales y administrativas que han generado debate sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas.
En los últimos meses, diversos sectores políticos, sociales y académicos han manifestado preocupaciones sobre el equilibrio de poderes y el respeto al Estado de derecho, mientras que el gobierno ha defendido sus acciones argumentando la necesidad de garantizar seguridad y estabilidad institucional. Fin
