Quito, Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador emitió el jueves un fallo mediante el cual sanciona a la vicepresidenta, Verónica Abad, con la suspensión de sus derechos políticos por dos años y una multa de 14.100 dólares a causa de la denuncia presentada por la canciller, Gabriela Sommerfeld, por presunta violencia política de género.
Según el fallo del juez electoral Guillermo Ortega, Abad tendrá que pagar «la multa equivalente a 30 salarios básicos unificados (de 470 dólares)» y también se le impone «la suspensión de sus derechos de participación por el plazo de dos años».
Esta sanción, sin embargo, podrá ser apelada por Abad, denunciada por Sommerfeld ante el TCE, la misma instancia donde la vicemandataria presentó una denuncia contra la canciller por la misma causa.
La vicemandataria presentó una demanda similar contra el presidente, Daniel Noboa; la asesora presidencial Diana Jácome y el ahora exviceministro de Gobierno, Esteban Torres, pero no prosperaron.
Tanto Noboa como los integrantes de su gabinete expresaron su rechazo a que Abad reemplazara al mandatario durante su ausencia temporal del cargo para participar en la campaña electoral por su reelección en 2025, al considerarla un riesgo para la democracia.
El juez Ortega dispuso, además, que la vicepresidenta ofrezca disculpas públicas a la canciller dentro del plazo de 30 días con una publicación en un diario de amplia circulación nacional.
Con anterioridad, la vicepresidenta, quien ganó las elecciones anticipadas de 2023 en binomio con Noboa, fue sancionada con 150 días de suspensión de sus funciones, sin derecho a salario, tras un proceso sumario impulsado por el Ministerio de Trabajo, presuntamente por demorar su traslado de Tel Aviv (Israel) a Ankara (Turquía).
Pese a la revocatoria de esa medida por parte de la jueza Nubia Vera, Abad no ha sido reinstalada en sus funciones, y el presidente Noboa designó a otra vicepresidenta constitucional, Cynthia Gellibert, hasta que ella viaje a Turquía nuevamente a cumplir funciones diplomáticas.
Tampoco el mandatario le cedió sus funciones para hacer campaña electoral previo a la primera vuelta en las urnas, sino que designó para esas funciones a Gellibert, mediante decreto ejecutivo.
Hasta el momento, la Corte Constitucional se pronunció sobre la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales para que Gellibert asumiera las funciones del mandatario, sin que ello tuviera otro efecto sobre su ejercicio del poder.
Según el equipo de Gobierno, Noboa llegó al cargo tras un proceso electoral anticipado, por lo que no aplicarían las normas vigentes.
Noboa y Abad se distanciaron desde antes de la segunda vuelta de los comicios extraordinarios, tras lo cual el mandatario emitió un decreto presidencial que ordenó a la vicepresidenta asumir las funciones de «embajadora por la paz» en Israel, Tel Aviv, y más recientemente la nombró como colaboradora para las relaciones comerciales con Turquía.
Esta semana, la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, afirmó el hostigamiento y el abuso contra la vicepresidenta ecuatoriana que violan los tratados internacionales y señaló que está situación se da también en un contexto electoral, lo cual pone en tela de duda la independencia judicial y la democracia.
Con información de Agencia Sputnik
