Quito, El gobierno ecuatoriano resultante del balotaje de este domingo tendrá como principal desafío mejorar la cada vez más grave situación de seguridad pública que afecta al país desde hace unos años.
Mientras en 2015 Ecuador era el segundo país más seguro de la región, con una tasa de seis homicidios cada 100.000 habitantes, solo superado por Chile, cerró 2024 como el más violento de América Latina, con 38 asesinatos cada 100.000 habitantes.
Con este panorama llegan a las urnas en la segunda vuelta el actual presidente, Daniel Noboa, candidato por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha), y Luisa González, por el movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La ya grave situación se complejizó a partir de enero de 2024, cuando se desató una ola de violencia inédita con explosiones de coches-bomba y el asalto a un canal de televisión, que se sumaron a la violencia carcelaria y el incremento sostenido de los homicidios.
Esto llevó al Gobierno a decretar un conflicto armado no internacional y el estado de excepción por grave conmoción interna, medidas tomadas por Noboa a poco de asumir y que más de un año después, se mantienen vigentes.
De acuerdo a las autoridades, la estrategia de seguridad pública ha logrado reducir un 15,4 por ciento la cantidad de homicidios en 2024 en relación al año anterior, al tiempo que en el mismo periodo se incrementó un 7,5 por ciento el número de armas decomisadas y un 33,3 por ciento la incautación de drogas, así como la destrucción récord de 302 toneladas de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización.
«El Ecuador reconoce que tiene cinco amenazas: crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, minería ilegal y corrupción», dijo a la Agencia Sputnik el catedrático chileno-ecuatoriano Lester Cabrera, doctor en Filosofía con especialización en estudios Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Ecuador).
Para el experto, Ecuador nunca tuvo un trabajo de diagnóstico en términos de inteligencia para poder analizar la evolución de los grupos de delincuencia organizada, vinculando esto con su ubicación geográfica, que ha hecho del país un territorio de tránsito de la droga que sale desde la región sur de Colombia.
Esto, explica Cabrera, «da como resultado que muchas bandas estén disputando las rutas del narcotráfico y por supuesto todo el negocio relativo a lo que sería la logística y posterior distribución hacia otros mercados por medio de los puertos ecuatorianos».
Por su parte, para Carla Álvarez, experta en Seguridad y Defensa, se produjo una debilitación de la institucionalidad del país, propiciando el crecimiento del narcotráfico.
«Ecuador contaba con una institucionalidad que fue precarizada, desarmada, que no cuenta ahora con las inversiones adecuadas para controlar las carreteras, los puertos, las cárceles», dijo Álvarez a esta agencia.
NOBOA PERSISTIRÁ EN EL PLAN FÉNIX
En materia de seguridad, Noboa insistirá en continuar con su Plan Fénix, una estrategia que si bien ha dado resultados según las cifras oficiales, es criticada por analistas locales.
«El Plan Fénix es más que nada una retórica del actual gobierno y realmente como plan no existe», aseguró Cabrera, también máster en Seguridad y Defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Chile).
Sin embargo, los cuestionamientos a esta política se atizaron en febrero, tras conocerse que en enero el número de homicidios intencionales fue de 750, el periodo más violento en los últimos 10 años.
A su vez, Álvarez, docente en el Instituto Nacional de Altos Estudios, señala que «el gobierno se ha enfocado en la adopción de medidas de mano dura y no en las medidas de orden estructural, como la reducción de la pobreza, la creación de empleo y de otras alternativas para los jóvenes, padres y madres de familia».
Álvarez reconoce que efectivamente en 2024 hubo un descenso interanual de las muertes violentas, resultado de las medidas adoptadas a inicios de ese año, pero critica que el gobierno no haya dado a conocer el contenido del Plan Fénix.
De ganar este domingo, Noboa se plantea fortalecer las Fuerzas Armadas, la Policía y el sistema de justicia, a la vez que propone modificaciones legislativas.
El presidente quiere reformar el Código Orgánico Integral Penal y enmendar la Constitución, que a su juicio «concede más derechos a los criminales que a las personas que hacen las cosas bien».
En este aspecto, pretende que la Asamblea Nacional modifique un artículo de la Constitución con el objetivo de habilitar la instalación de bases militares extranjeras en el país.
Además, pidió apoyo al Congreso para permitir la cooperación de fuerzas de seguridad extranjeras, dado que considera que Ecuador no cuenta con la tecnología necesaria para atender la problemática de inseguridad.
EL «PLAN PROTEGE» DE GONZÁLEZ
Por su parte, una de las principales propuestas de la candidata de RC es el Plan Protege, que contempla el ingreso de 20.000 nuevos agentes policiales para atender los problemas de seguridad ciudadana, así como la reparación de 1.300 unidades policiales comunitarias y de vigilancia comunitaria que combatían esta situación en los distintos barrios del país.
«Nuestro objetivo es devolver la paz, garantizar la seguridad y reconstruir un Ecuador fuerte y unido. La seguridad no se improvisa, se construye con cronogramas, presupuesto y acciones a corto, mediano y largo plazo», afirmó González al presentar su plan de gobierno.
La candidata también se pronunció por recuperar la institucionalidad establecida durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), posteriormente desactivada por sus sucesores.
Cabrera opinó que en términos generales esta propuesta tiene una noción más cercana al componente preventivo que al combate al delito como tal.
Por su parte, Álvarez considera que el plan es «bastante integral, al incluir varias aristas» y aseveró que González «definitivamente propone replantear la institucionalidad».
Aunque cree que es viable, entiende que tiene sus reservas, pues considera que sería muy difícil de aplicar, debido al contexto de la debilidad institucional y a la filtración del crimen organizado dentro de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Justicia.
Por su parte, González apeló en el debate presidencial a una necesaria política de «mano dura» por parte del Estado para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia.
Su iniciativa incluye la toma del control de los puertos, aeropuertos y las fronteras, así como el combate al enriquecimiento ilícito y el lavado de activos.
También apuesta por el empleo de la inteligencia y tecnología en este campo, así como la colaboración con los gobiernos vecinos y con EEUU y la Unión Europea, incluida la preparación y capacitación de las tropas ecuatorianas.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están habilitados para elegir este domingo quien gobernará el país durante los próximos cuatro años.
El próximo gobierno asumirá el 24 de mayo.
Con información de Agencia Sputnik
