La presión política contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto entra en una nueva fase. El colectivo que impulsa la revocatoria del mandato anunció vigilias y movilizaciones nacionales para exigir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronuncie sobre la admisión del pedido y entregue los formularios para iniciar la recolección de firmas. Las protestas fueron convocadas para el 8, 11 y 15 de julio frente a las delegaciones electorales del país.
La revocatoria vuelve a las calles
Bajo el lema “La revocatoria va, porque va”, los promotores de la iniciativa buscan reunir al menos a 5.000 personas en las jornadas de presión ciudadana. El objetivo es que el CNE resuelva la solicitud presentada contra el binomio presidencial y habilite el siguiente paso del proceso.
Los impulsores del pedido sostienen que el organismo electoral tiene un plazo de 15 días para pronunciarse sobre la admisibilidad, conforme al artículo 16 del reglamento para los procesos de revocatoria de mandato. Según esa interpretación, el plazo vencería el 15 de julio de 2026.
Washington Andrade y Leonidas Iza encabezan la presión política
Entre los principales promotores aparecen el abogado Washington Andrade y el dirigente indígena Leonidas Iza, quienes han planteado que el CNE debe respetar los tiempos reglamentarios y garantizar los derechos de participación ciudadana.
La solicitud de revocatoria fue presentada por organizaciones sociales en junio de 2026, después de cumplirse el primer año del mandato presidencial, requisito legal para activar este tipo de mecanismos.
El Gobierno pide declarar improcedente el pedido
Desde Carondelet, la respuesta fue inmediata. La Presidencia solicitó al CNE que inadmita el pedido de revocatoria, argumentando que incumple requisitos legales y reglamentarios de admisibilidad.
El equipo jurídico del presidente Noboa sostuvo que la solicitud no identifica de manera clara ni precisa los hechos que justificarían la revocatoria y que se basa en referencias generales, recortes de prensa e indicadores que, según el Gobierno, no acreditan un incumplimiento verificable del plan de gobierno.
El CNE queda en el centro del conflicto
El Consejo Nacional Electoral se convierte ahora en el árbitro de una disputa que combina presión social, cálculo político y debate jurídico. Si el organismo admite el pedido, los promotores deberán iniciar la recolección de firmas dentro de los parámetros establecidos por la normativa electoral.
Si el CNE rechaza la solicitud o no se pronuncia dentro del plazo que invoca el colectivo, los impulsores de la revocatoria anunciaron que acudirán a nuevas acciones legales y judiciales.
Un nuevo foco de tensión para Noboa
La convocatoria llega en un momento de alta conflictividad política para el Gobierno. Tras las elecciones de 2025, la oposición ya había cuestionado los resultados ante el sistema electoral, aunque sus recursos fueron rechazados por las autoridades competentes.
Ahora, la revocatoria aparece como una nueva herramienta de presión política y social contra el Ejecutivo. Aunque el proceso todavía debe superar filtros legales, la movilización marca un pulso directo entre los sectores opositores y el CNE.
La batalla recién empieza
El desenlace dependerá de la decisión del organismo electoral. Mientras el Gobierno insiste en que la solicitud carece de sustento jurídico, los promotores de la revocatoria buscan convertir el trámite en una causa nacional.
El 15 de julio se perfila como una fecha clave. Para los impulsores del proceso, será el límite para que el CNE responda. Para el Gobierno, será una prueba de resistencia política frente a una oposición que intenta trasladar el conflicto de los tribunales y la institucionalidad electoral nuevamente a las calles. Fin
